Así lo confirmaron a Servimedia fuentes del PP tras conocerse la resolución que condena a los dirigentes populares a pagar 393.862 euros por el perjuicio ocasionado a las arcas del ayuntamiento en el llamado 'caso San Antonio', por contratar el alquiler de unas oficinas en Vitoria a un precio superior al del mercado. Los hechos se produjeron en 2007, cuando Alonso era el alcalde de Vitoria y Maroto el delegado de Hacienda.

“Se anuncia recurso inmediato contra la resolución del Tribunal Cuentas”, dijeron las fuentes consultadas, después de que les considerara “responsables contables” de haber causado perjuicio económico al Consistorio.

Las mismas fuentes resaltaron que “la ponente de la sentencia en el Tribunal de Cuentas pertenece a IU” y que esta cuestión ya estuvo en los tribunales y la jurisdicción ordinaria dijo que no había delito ninguno. “La Fiscalía pidió a las partes que se archivara y se archivó y en la parte penal no hay nada”, explicaron.