Poco después de las 12.30 horas, Loizaga se introdujo en el Consejo en una Junta que, menos de dos horas más tarde y con un quórum del 79,56% (22,54% presente y 57,06% representado), dio marcha atrás a este nombramiento, a petición del accionista y abogado Ramón Hermosilla.

La Junta también dio su visto bueno a la reducción del número de consejeros de su máximo órgano gestor, que pasa de tener un máximo14 consejeros (es decir, se reduce en un consejero) entre otros puntos, como la reelección de Ignacio Sánchez Galán como consejero ejecutivo.

El secretario consejero de ACS, José Luis del Valle anunció que la compañía recurrirá “en las próximas semanas, lo antes posible” el rechazo de su consejero ante los juzgados de lo mercantil de Bilbao.

No recurrirá el recorte del número de consejeros porque, aunque se hubiera disminuido su número hasta nueve, la constructora seguiría teniendo derecho a una silla en el Consejo, explicó.

CONFLICTO DE INTERÉS

En su intervención ante los accionistas, en representación de ACS, Del Valle alegó que "no existe conflicto de intereses directo, estructural, permanente e intenso" entre la constructora e Iberdrola, sino sólo en "casos aislados". Por este motivo defendió el "remedio" que da la Ley de Sociedades Anónimas: "el deber de abstención en las votaciones y deliberaciones que traten sobre estos asuntos".

Asimismo, denunció “la pretensión abusiva de cesar al consejero designado por el principal accionista” de Iberdrola (ACS ostenta un 12,6% del capital de la eléctrica) y tachó de "injustificado" este argumento, que, a su juicio, es "una excusa más" para dejar fuera del Consejo a ACS.

En este sentido, afirmó que “a lo largo dos últimos años se han venido sucediendo un conjunto de actos que, en el común de la prensa y la comunidad económica, se han entendido como distintos inconvenientes con el único propósito de impedir que ACS estuviera presente en el Consejo”, como cambios en los estatutos y en el límite de edad de los consejeros.

También defendió que no es con los intereses de Iberdrola, sino con los de algunas de sus filiales, con los que hay colisión. Por lo tanto, añadió, “lo normal es que el conflicto se plantee en los órganos de administración de las mismas”.

Del Valle señaló además que el mismo conflicto de competencia que Iberdrola alega frente a ACS podría ser tenido en cuenta en el caso de algunos consejeros, como Braulio Medel, de Unicaja, José Luis Olivas, de Bancaja, y Juan Luis Arregui, de Ence, quien presentó su dimisión en el Consejo de Iberdrola momentos antes del comienzo de la Junta. Precisamente el empresario vasco quiso, con esta dimisión, “cortar de raíz las especulaciones de conflicto de interés”.

Arregui, vicepresidente de Iberdrola y consejero desde hace 15 años en la energética vasca, remitió una misiva en la que presentó su renuncia a ser reelegido consejero, con el fin de evitar cualquier duda que pudiera comprometer remotamente o suponer menoscabo en el interés general de la sociedad.

Un gesto que demuestra, según el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, su “compromiso” y “generosidad”, haciendo primar “el interés general del grupo” frente al suyo particular.

De hecho, Sánchez Galán sostuvo que la decisión de Arregui, que coincide con el momento en el que se han planteado “dudas sobre su independencia en sus funciones como consejero”, debe constituir “un ejemplo para todos” y “no hace sino reforzar” el compromiso de la compañía con el cumplimiento de su sistema de gobierno corporativo.

Un gobierno corporativo que busca “maximizar el valor” del grupo y “velar por el buen hacer y la independencia de criterio” en su seno, con un “comportamiento ético y una estrategia definida”.