En un informe de 105 páginas titulado "Justicia popular en Burundi: la complicidad oficial e impunidad", HRW y Aprodh afirman que las autoridades, en ocasiones, han estado directamente involucradas en los asesinatos públicos y palizas a los presuntos delincuentes.

El informe, elaborado tras siete meses de investigación de campo, indica que las autoridades, en otros casos, se han mantenido al margen mientras las turbas o "comités de seguridad" atacaban a los presuntos delincuentes.

La directora para África de HRW, Georgette Gagnon, aseguró que "demasiados funcionarios hacen la vista gorda ante la justicia popular, que es endémica en Burundi" y señaló que "el Estado tiene el deber de mantener a sus ciudadanos seguros, incluso si son sospechosos de haber cometido un delito".

"Los burundeses que son víctimas de la delincuencia no esperan ni la protección de la policía, ni la justicia de los tribunales. A menudo prefieren usar la fuerza para protegerse a sí mismos", dijo Pierre Claver Mbonimpa, presidente de Aprodh.

El informe señala que pocos casos de violencia callejera han concluido con investigaciones y detenciones y ninguno ha sido condenado por la justicia, al menos hasta el pasado mes de febrero.

HRW y Aprodh subrayan que los factores que contribuyen a la "justicia popular" son la falta de fe en la policía y en el sistema judicial, deteriorados por la corrupción, la incompetencia y la falta de recursos.

Por ello, reclaman al Gobierno que ponga fin a la impunidad de estos actos, emprenda una amplia campaña de educación para mejorar la imagen del sistema de justicia penal y aborde las deficiencias del sistema policial y judicial que contribuyen a estos asesinatos.