Estas medidas las acordaron por unanimidad el Ministerio de Sanidad y Política Social y los consejeros autonómicos del ramo en una reunión extraordinaria celebrada el pasado 18 de marzo.

Según recordó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, las medidas adoptadas se aplicarán a lo largo de este año y permitirán ahorrar "al bolsillo" de los consumidores unos cien millones de euros, sin que se pierda, eso sí, la universalidad y calidad de la sanidad pública.

El decreto recoge, según el Gobierno, "una serie de medidas financieras de contención, austeridad y reducción del gasto farmacéutico" a través de la moderación del crecimiento de la factura de las boticas basadas en la reforma del sistema de precios de referencia, la reducción del precio medio de los genéricos y de una regulación más precisa de los descuentos que realicen los distribuidores a las farmacias.

La reforma del sistema de precios de referencia, con la que el Ejecutivo prevé ahorrar 888,67 millones de euros, consistirá en calcular el precio de referencia de cada conjunto homogéneo de medicamentos (mismo principio activo) con el precio más barato (el coste/tratamiento/día más bajo) y no con la media de los tres más baratos como ocurre en la actualidad.

Con la reducción del precio industrial de los medicamentos genéricos financiados por el SNS en una cuantía media del 25%, Sanidad estima que se ahorrarán 258,04 millones de euros. Esta rebaja, que puede llegar hasta el 30%, será progresiva. También se prevé la reducción, en un 30%, del precio industrial de los medicamentos genéricos no incluidos en el sistema de precios de referencia.

La regulación más precisa de los descuentos por pronto pago o por volumen de compras que realicen los distribuidores y la industria a las farmacias se fija en un máximo de un 5% para los medicamentos financiados por el SNS, ampliable hasta un 10% en el caso de genéricos.

Para la fijación de los precios de los medicamentos, se considerarán todos los precios existentes en la UE, y no sólo el precio medio del medicamento. En cuanto a la revisión, se suprime la limitación temporal anual, que existe actualmente, para la revisión de los precios de los fármacos.

Todas estas medidas se complementan con otra adicional, no recogida en este decreto por no precisar de modificación legal alguna, que supone el establecimiento de una política de precio seleccionado para ciertos grupos de medicamentos de uso común y con muchos proveedores (analgésicos, antipiréticos, etc.) que permitirá generar un ahorro estimado de 360 millones de euros.