En declaraciones a Servimedia, Tamayo afirmó que al comparar la situación con otros países donde también se registraron desapariciones forzadas, muchos de ellos en América Latina, “vimos que ni todos juntos alcanzaban la cifra de españa, 114.000, que es la que abre la investigación de Garzón”.

Por eso, consideró sorprendente el “empeño en perseguir a este juez”, más aún cuando al auto del magistrado Luciano Varela se une el del Tribunal Supremo, “que con su auto de ayer hace suyo el argumento de que no es absurdo considerar prevaricación las acciones iniciadas por Garzón”, como este último había planteado en su recurso.

Según Tamayo, no solo no es prevaricación, sino que además “es un deber investigar estos crímenes, que en ningún caso pueden ser objeto de una ley de amnistía”.

Así lo reflejan comités de tratados internacionales a los que está vinculada España, prosiguió Tamayo, quien añadió que “considerar que la impunidad puede ser convalidadda por una Ley de Amnistía se aparta totalmente” de esta doctrina.

“Todo ello lo deben tener en cuenta las autoridades judiciales españolas, a riesgo de comprometer la responsabilidad internacional del Estado”, señaló la activista.

Por último, Tamayo reiteró la disposición de Amnistía a apoyar la defensa de Garzón y acudir al juicio “como experta” para avalar su proceder “en la investigación de los crímenes del franquismo”.