Así lo puso de manifiesto esta entidad con motivo del Día Internacional de la Familia, que se celebra el próximo domingo 15 de mayo bajo el lema 'La familia, una vida sana y un futuro sostenible'.

Según Aseaf, “las familias de acogida son un elemento indispensable para el desarrollo, la educación, la vida saludable y el bienestar de los menores en situación de desamparo”.

Sin embargo, esta asociación informó de que en España solo el 15% de los 22.000 menores que viven separados de sus familias y son atendidos por los servicio de protección de las administraciones están acogidos en otro núcleo familiar, mientras que el 10% vive en hogares o pisos tutelados y el 75% restante, en centros residenciales, la opción menos recomendable según la nueva ley aprobada en julio de 2015.

En este sentido, el presidente de Aseaf, José Antonio Martínez, recordó que pese a tratarse de una ley “pionera en el mundo” al recoger las orientaciones que el Comité Internacional de los Derechos del Niño, en la práctica “en la mayoría de las comunidades autónomas no han adaptado su propia normativa y sus programas de intervención a las novedades que se desarrollan con la nueva ley”.

Y es que aunque esta ley establece que la institucionalización del menor debe ser la última opción de protección, priorizando otras figuras como el acogimiento familiar, “el 91% de los recursos que la Administración destina al acogimiento siguen yendo al residencial, y solo el 9% al familiar”.

Así, informó de que en la actualidad “existen familias acogedoras que no están percibiendo la ayuda económica establecida por la ley, ni los soportes técnicos necesarios (seguimiento y apoyo del acogimiento por parte de la Administración), a la vez que se denota una diferencia considerable en cuanto a las remuneraciones que perciben según la comunidad autónoma donde residan”.

En este sentido, recordó que Aseaf ya solicitó previamente el establecimiento de una prestación básica estatal para los menores acogidos, de la que las comunidades autónomas puedan partir, para acabar con las desigualdades territoriales que se registran en la actualidad.

Por otra parte, la entrada en vigor de la nueva Ley de Protección del Menor también estableció los derechos de los acogedores, como el derecho a ser informado de la naturaleza del acogimiento, a recibir apoyo y seguimiento especializado, a ser informados del plan individualizado de protección del menor, a disponer de la documentación identificativa, sanitaria y educativa del menor, a relacionarse con el menor una vez finalizado el acogimiento, etc.

Según aseguró Martínez, “uno de los derechos fundamentales del niño es el de vivir en familia y en el caso de que esto no sea posible con la familia biológica, el Estado está obligado a desarrollar medidas de protección encaminadas a garantizar este derecho”.

FAMILIAS ACOGEDORAS

Sin embargo, José Antonio Martínez añadió que el hecho de que la legislación no se esté cumpliendo no impide que las familias acogedoras se impliquen en los programas de protección desarrollados por la entidad pública para los menores que tiene bajo su tutela, a los que está obligada a proteger, convirtiéndose en “verdaderos colaboradores de la Administración, como una de las partes imprescindibles en esta estructura de protección, junto a las familias biológicas y al equipo técnico multidisciplinar”.

De hecho, explicó que si no se acoge a más menores en España es debido al desconocimiento de la sociedad de esta medida, por lo que considera necesario establecer “una verdadera estrategia de información y sensibilización sobre el acogimiento familiar, así como una apuesta política decidida y valiente hacia este recurso”.

IMPORTANCIA DE LA FAMILIA

Diferentes expertos aseguraron que con el acogimiento residencial los menores solo ven cubiertas sus necesidades materiales, pero no las socio-afectivas necesarias para su correcto desarrollo emocional.

Dentro de la familia, adquieren un alto nivel de sociabilidad y mantienen un mayor número de contactos espontáneos, no sólo con la propia familia y su entorno, sino también en su centro educativo, espacio normalizador en sus vidas. Además, al vivir en una familia las rutinas diarias son más flexibles, y al ser un miembro más de ella se participa en la toma de decisiones.

Según el presidente de Aseaf, estos menores vienen de situaciones problemáticas, donde ha predominado la adversidad, por lo que necesitan un ambiente “reparador y terapéutico que debe ser el familiar, en el que haya quien viva entregado a ellos, quien les enseñe a regular su conducta, sus emociones, que les proteja, un ambiente estable”.

Por su parte, el psicólogo y coordinador del área de acogimiento y adopción del grupo Agintzari de Bilbao, Alberto Rodríguez, explicó que la familia de acogida no es simplemente una familia cuidadora, sino que “es la responsable principal de ayudar a reparar las inseguridades, daños y temores que muchos de estos menores tienen y que provienen de las experiencias de negligencia y/o maltrato que motivaron la salida del entorno de su familia biológica”.

“Desde la visión de los profesionales, todo el tiempo vivido por un menor en una familia de acogida es tiempo ganado, porque les permite establecer vínculos y modelos de familia que pueden trasladar a otros ambientes cuando lleguen a la edad adulta”, aseguró.

Así, añadió que “es importante que la sociedad sepa que acoger ayuda a reparar el sufrimiento de estos menores y les ofrece otra opción de vida y de futuro, ya que la familia acogedora normalmente conecta con el sufrimiento del menor, le acompaña y le ayuda a sentir que puede superarlo”.