En declaraciones a Servimedia, sus respectivos portavoces coincidieron también en señalar que sería muy difícil impedir que candidatos afines a Batasuna se presentaran dentro de las listas de partidos legales, como por ejemplo EA, que es el único resquicio legal que tendrían a su disposición los abertzales para entrar en las instituciones si se aprobaran estas medidas.

En representación de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García calificó de "absolutamente elemental" el principio de que "sólo es razonable que se participe en el juego político desde posturas democráticas que rechacen sin matices, sin ningún tipo de duda y de una manera absolutamente categórica y probada cualquier recurso a a violencia".

Por tanto, señaló que "cualquier tipo de reforma orientada sobre la base de ese principio" es "lógica" y "perfectamente asumible y enmarcable en las garantías constitucionales". No obstante, añadió que "hay que ver cuál es la traducción técnica" de la reforma, porque la española no es una "democracia militante" y se ha de esperar a "lo que se ponga por escrito".

Desde la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero recordó que estas medidas tienen que ser establecidas por ley orgánica, porque "afectan a un derecho esencial como es el de presentarse a unas elecciones", de modo que tendrán que hacerse "con todas las garantías que se establecen en la ley electoral".

Cumplidas esas previsiones, apoya las eventuales medidas porque "en la lucha contra el terrorismo, debe formularse cualquier medio que sea legal". Explicó que "hasta ahora un concejal sólo podía ser privado de su acta por vía de sentencia judicial", pero que, estipulándose por ley orgánica, su cese sería "absolutamente legal" y "absolutamente proporcional".

Por el contrario, las coaliciones con un partido legal, a su juicio, se han de tratar "con mesura y ponderación", y "por mucho que se intente evitar que los miembros de Batasuna o similares estén en las instituciones, cuando tienen la cobertura de algún otro partido legal la posibilidad de anularlas resulta bastante improbable".

TERRORISTAS Y FILOTERRORISTAS

A su vez, el portavoz de Jueces por la Democracia (JpD), Ignacio Espinosa, dijo que le parece "adecuado" que el Estado de derecho se defienda "no sólo de los terroristas, sino también de los filoterroristas", por lo que "si hay alguna sospecha de que alguna asociación de electores está en el entorno de ETA", hay que "apartarla de la democracia".

Ahora bien, puntualizó que "otra cosa es cómo probarlo" , porque "no se puede sospechar de cualquier grupo por las siglas que tenga o porque sean ciudadanos vascos", y "una cosa es la exclusión legal y otra que un caso concreto esté incardinado en el precepto legal". Según Espinosa, "eso es mucho más peliagudo y serán los tribunales los que decidirán caso por caso".

El portavoz de JpD reconoció que puede resultar "un poco chocante" que un partido al que se ha permitido presentarse a las elecciones sea vetado en plena campaña, pero señaló que la posibilidad de recurrir la decisión supone "una garantía". Además, se opuso a impedir que uno de sus miembros se presente con un partido legal, porque "es un derecho de todos los ciudadanos".

Por último, desde el Foro Judicial Independiente, Conrado Gallardo dijo que la reforma supondría "una magnífica decisión", porque en un Estado de derecho las únicas opiniones "que no caben son las que quieren destruirlo", y los concejales que no condenen la violencia no pueden "participar de funciones públicas si no asumen los valores esenciales mínimos de la convivencia".

Respecto a la ilegalización de un partido en campaña, indicó que se ha de "tener mucho cuidado", porque el límite entre quien "niega y combate" el Estado de derecho y aquél que simplemente "discrepa" es "una línea muy delgada". Sin embargo, añadió que en España, "por ser una democracia reciente", se tiende a ser "demasiado timoratos", y que medidas claras para defender el Estado de derecho siempre deben ser "bienvenidas", como "propias de democracias maduras".

Ello sin llegar, no obstante, a vetar listas legales por la presencia de una persona. "Eso es muy dífícil sin acabar afectando a otras opciones legítimas", estima Gallardo, quien prefiere actuar "más adelante" si se descubre que hay "otras vías que se han utilizado" para burlar la ley y se encuentra "una forma de cortarlas sin afectar a los derechos de los ciudadanos".