Así se solicita en una carta remitida por la presidenta del comité, Mónica Oviedo, a todas las consejerías que componen el Gobierno del Principado.

En la misiva, el Cermi Asturias recuerda que la legislación vigente en materia de contratos del sector público permite a los órganos contratantes la introducción en cada licitación de cláusulas socialmente responsables en relación con la discapacidad, así como la exigencia de que las empresas aspirantes que estén obligadas acrediten el cumplimiento de la cuota legal de reserva a favor de trabajadores con discapacidad.

"Esta medida es muy eficaz en el fomento del empleo de personas con discapacidad, puesto que ayuda a la observancia de la cuota y está siendo aplicada ya por los ministerios de Educación y Defensa”, indica en el escrito el Cermi Asturias.

De igual modo, señala que todas las consejerías pueden reservar directamente, sin sacar a procedimiento de concurrencia, contratos a centros especiales de empleo, que son empresas productivas que tienen la característica de contar como mínimo con un 70% de trabajadores con discapacidad en sus plantillas.

A juicio del Cermi Asturias, en un momento de aguda crisis como la actual las políticas de contratación públicas pueden y deben apoyar los objetivos de lucha contra la exclusión y a favor del empleo de los grupos vulnerables, por lo que las administraciones han de maximizar las potencialidades que les permite la actual legislación.