Durante unas jornadas organizadas por el Observatorio del Notariado para la Sociedad de la Información, el director general de AEDE, Ignacio de Benito, lamentó que el Gobierno haya desoído la petición de su asociación para que el proyecto de Ley de Economía Sostenible mantuviera esa obligatoriedad.

La AEDE asegura que le transmitió expresamente esta demanda a la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, por considerar que la retirada de esa obligación "supondrá una significativa reducción de la facturación publicitaria, especialmente grave por producirse en un sector ya de por sí muy castigado por la crisis económica".

AEDE recuerda que la UE debatió recientemente esta supresión y la rechazó, por entender necesario publicar los anuncios societarios en prensa por razones de seguridad jurídica y para acreditar de forma fehaciente el contenido y la fecha de publicación de los mismos.

Por otro lado, los editores de periódicos lamentan que la Ley de Economía Sostenible tampoco haya incluido sus propuestas de enmiendas en materia de Propiedad Intelectual.

AEDE veía conveniente aprovechar esta norma "para clarificar y extremar la defensa de los derechos de autor de los editores". Solicitan en concreto que se corrija la exclusión de los editores de diarios de la compensación equitativa por copia privada, por cuanto creen que vulnera la Directiva 2001/29 de la Comunidad Europea, y que se ampliasen con mayor claridad y eficiencia los derechos de propiedad intelectual de sus medios a los nuevos contenidos y soportes digitales.

En la misma jornada, el ex ministro Carlos Solchaga evaluó el proyecto de ley como una suerte de cajón de sastre que "acopia iniciativas de los distintos ministerios para impulsar la economía, la mayoría de ellas planteadas en la dirección correcta, pero carentes en conjunto de suficiente vertebración, sin una espina dorsal capaz de cohesionar la política económica que se necesita, lo que difumina el sentido último de la labor del legislador".

Como posibles iniciativas positivas contenidas en el proyecto de ley, Solchaga citó los impulsos de la actividad investigadora y de la sociedad de la información.