Está será la primera gran infraestructura aeroportuaria que será puesta en marcha por la Comunidad una vez entre en vigor la futura Ley Aeroportuaria.

Este moderno aeródromo acogerá a las escuelas de aviación y los vuelos de negocio y estará rodeado de un importante desarrollo industrial y logístico que generará actividad económica y un gran número de puestos de trabajos directos e indirectos.

Informó de que el Consejo Económico y Social (CES) analizó el anteproyecto de Ley de Instalaciones Aeronáuticas y dijo que su conclusión es que “el desarrollo de esta competencia es de interés puesto que dará satisfacción a la demanda existente y potencial, y podrá favorecer el desarrollo económico y social de la región”.

Después de ser analizado por el CES, el texto será remitido a la Asamblea de Madrid para su debate y aprobación, dijo González, quien indicó que esta futura norma pretende dotar a la región de los recursos jurídicos y administrativos adecuados para planificar y gestionar los aeropuertos y helipuertos que sean competencia de la Comunidad de Madrid.

González señaló que la futura ley incluye la reivindicación histórica de la

Comunidad de Madrid de participar en la gestión del aeropuerto de

Barajas, junto a la Administración del Estado, así como en cualquier otro aeropuerto de interés general situado en el territorio madrileño en el que se acuerde una gestión compartida.

Indicó que, recientemente, el Ministerio de Fomento propuso a la Comunidad de Madrid la posibilidad de participar en la gestión empresarial de Barajas junto a la iniciativa privada y dijo que la Comunidad de Madrid creará un Registro de Instalaciones Aeroportuarias donde tendrán que inscribirse todos los aeropuertos y helipuertos que obtengan la autorización de funcionamiento por parte de la Consejería de Transportes e Infraestructuras.

La construcción, modificación relevante, apertura al tráfico o cierre de un aeropuerto o helipuerto en la región requerirá la autorización de la Comunidad de Madrid, que será otorgada en un plazo de seis meses, entendiéndose concedida en caso de silencio administrativo.