Según se recoge en el acuerdo programático de ambos partidos, este proceso de revocación del Ejecutivo podría ponerse en marcha a los dos años de mandato. “A iniciativa de 158 diputados y un 15% de las firmas del censo electoral, se podrá llevar a cabo un referéndum vinculante en el que se preguntará a la ciudadanía si deben celebrarse nuevas elecciones por incumplimiento del programa de gobierno. En el caso de que el resultado de la consulta fuese positiva, el/la presidente/a del gobierno deberá convocar elecciones generales en un plazo máximo de 30 días”, manifiestan en este acuerdo que engloba un total de cincuenta medidas.

Además, según defienden en el texto, se promoverá la regulación de procedimientos similares en ayuntamientos y comunidades autónomas. Ambas fuerzas políticas abogan también por reformar el actual sistema electoral con la corrección de los factores que provocan la “desproporción y la desigualdad” del voto en España.

MECANISMOS CONTRA LA CORRUPCIÓN

Asimismo, demandan el “cierre constitucional” de las denominadas ‘puertas giratorias’, así como la extensión y clarificación de las incompatibilidades de los cargos político y altos cargos de la Administración una vez finalizadas sus funciones.

También plantean el bloqueo del acceso de excargos electos a los consejos de administración de empresas que operan en sectores estratégicos; la eliminación de los privilegios de los cargos electos; la rebaja de las retribuciones de los miembros electos de las Cortes y equiparación salarial a los cuerpos de funcionarios del Estado; la eliminación de las ‘pensiones de oro’ y la reducción del número de altos cargos.

Podemos e IU también plantean una ley de financiación de los partidos políticos, la limitación “drástica” de la financiación bancaria de los partidos políticos y la equiparación de la fiscalización de las fundaciones políticas a la de los partidos.

También promueven una nueva ley de transparencia que amplíe su ámbito de aplicación “más allá” de la información administrativa.