Dijo que el importe económico que destina el Gobierno madrileño a este servicio, que incluye el turno de oficio, la asistencia letrada y la tramitación de expedientes, experimentó en los últimos años un fuerte incremento presupuestario, lo que evidencia, a su juicio, el importante esfuerzo financiero que el Ejecutivo autonómico está realizando para dotar de la mayor calidad posible a la prestación de este servicio para personas desfavorecidas de la región, como son los inmigrantes, las víctimas de violencia de género o los trabajadores por cuenta ajena, tres de los principales grupos beneficiarios de la justicia gratuita, junto con ciudadanos con escasos recursos económicos.

En 2009 se tramitaron un total de 133.791 expedientes, lo que supone un incremento de casi un 30%.

Del total de expedientes, el 60,27% corresponde al Orden Penal, el 17,01% al Orden Civil, el 16,12% al Orden de lo Contencioso-Administrativo, el 6,58%, al Orden de lo Social. El 57% de los expedientes corresponde a la asistencia de extranjeros.

La asistencia jurídica gratuita se enmarca dentro del traspaso de funciones efectuado por el Ministerio de Justicia a la Comunidad de Madrid por el que se otorgó a la Administración autonómica la competencia del reconocimiento de este derecho y la gestión de las subvenciones en este ámbito con cargo a sus dotaciones presupuestarias para la prestación del mencionado servicio por los colegios de abogados madrileños, en este caso, el de Alcalá de Henares y el de Madrid.