Asimismo, indicó que a la iniciativa privada se le exigen inversiones para alargar la vida útil de la planta, mientras se decide poner fina a la actividad de la planta.

En ese sentido, De Santiago-Juárez criticó que el Gobierno central desoyera al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que dictaminó que la central de Garoña podía seguir funcionando diez años más, sin que ello supusiera una amenaza para la seguridad ciudadana.

Finalmente, el portavoz del Ejecutivo autonómico planteó que debe conciliarse las energías verdes y la nuclear, explicó que ésta es la política energética de los países del entorno de España y aseveró que ningún estado ha decidido dejar de producir energía nuclear.

Además, también apoyó la presentación de recursos contra la orden ministerial que regula el fin de la actividad de la planta atómica burgalesa.