Tras señalar que existen tres tipos de dispositivos, explicó que la red de la Comunidad de Madrid cuenta actualmente con cinco centros de emergencia (con 73 plazas), cuatro centros de acogida (con 92 plazas) y siete pisos tutelados, uno de ellos especializado en la atención a víctimas de violencia de género con discapacidad intelectual, y manifestó que en estos pisos tutelados hay 47 plazas, cuatro de ellas en el piso especializado.

“Eso sin tener en cuenta otros centros residenciales de la red, especializados en manifestaciones de la violencia de género distintas de la violencia en el seno de la pareja o expareja (esto es, víctimas de trata y mujeres que desean abandonar el ejercicio de la prostitución), así como un conjunto de servicios y programas de carácter ambulatorio, en los que destacan, por su importancia y extensión territorial, los Puntos Municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género”, añadió.

Respecto a los centros de emergencia, dijo que en ellos las mujeres reciben alojamiento inmediato y seguro, así como manutención y otros gastos de primera necesidad, por un periodo máximo de dos meses si han sufrido un episodio grave de violencia de género o se han visto obligadas a abandonar su domicilio.

Indicó que en este “proceso de reflexión”, las mujeres están acompañadas por profesionales que tienen formación específica en violencia de género y experiencia previa en el trabajo con víctimas.

Moreno manifestó que pasados esos dos primeros meses, las víctimas pueden pasar a un centro de acogida, en el que además del alojamiento seguro, la manutención y los gastos de primera necesidad, las víctimas tienen la oportunidad de participar conjuntamente con las profesionales en su propio ‘plan individualizado de intervención’.

En este tipo de dispositivo de acogida temporal pueden permanecer hasta 12 meses y “las víctimas son las protagonistas de su propio proceso de recuperación y el eje sobre el que pivota toda la intervención de las profesionales, que adaptarán siempre esta intervención al ritmo y a las características específicas de las mujeres y de sus hijos e hijas”.

El tercero de los recursos residenciales son los pisos tutelados, en los que pueden permanecer un máximo de 18 meses y donde se les sigue proporcionando alojamiento de carácter gratuito y supervisión de su proceso de recuperación, que es realizado por "profesionales de la Dirección General de la Mujer que si bien no conviven con ellas, trabajan para que las víctimas vayan ganando cada vez más autonomía y sean cada vez más las responsables de su propio bienestar".

Explicó que el porcentaje de ocupación es, para los centros de emergencia, inferior al 40% y para los centros de acogida y pisos tutelados, del 75%.

La diputada de Ciudadanos Ana Durán se refirió al funcionamiento de estos centros y pidió una mayor coordinación entre los distintos agentes que trabajan en estos temas.

La diputada de Podemos Clara Serra denunció la privatización de determinados servicios que se prestan a estas mujeres víctimas de la violencia de género y dijo que los servicios “han empeorado por los efectos perversos” de las condiciones laborales de los trabajadores de este sector.

Por su parte, la diputada socialista Josefa Pardo dudó de que las 212 plazas disponibles sirvan para atender la demanda real, teniendo en cuenta que se producen unas 20.000 denuncias al año.

Dijo que puede ser “insuficiente” el número de plazas disponibles.