Con esta resolución, el instructor de la causa, el magistrado Luciano Varela, tiene las manos libres para poder dictar auto de transformación de sumario, abrir juicio oral y sentar a Garzón en el banquillo de los acusados.

En concreto, los magistrados de la Sala de lo Penal han desestimado el recurso presentado por Garzón contra la negativa de Varela de archivar la causa abierta contra él por declararse competente para investigar los crímenes de la Guerra Civil y de la dictadura de Franco.

El tribunal, presidido por el magistrado Juan Saavedra, argumenta que, por el momento, y tras las diligencias de prueba practicadas, la posibilidad de que Garzón cometiese un delito de prevaricación no es “ni arbitraria, ni ilógica ni absurda” y añaden que Varela ha justificado convenientemente el mantenimiento del proceso contra el juez de la Audiencia Nacional.

Además, los magistrados subrayan que no es el momento procesal oportuno para determinar plenamente la existencia de un delito en el comportamiento de Garzón, algo que sólo podrá determinarse con la celebración del juicio oral. Si la Sala se pronunciase ahora sobre el fondo de la causa, podría “contaminarse”.

Por lo tanto, el Alto Tribunal considera suficiente los argumentos aportados por Varela para continuar instruyendo la causa contra Garzón. El instructor afirmó que el juez de la Audiencia Nacional "decidió conscientemente ignorar y orillar" la legislación vigente con su investigación del franquismo, lo que a su entender "puede constituir un delito de prevaricación".

Varela señaló además que sólo adoptaría la decisión de elevar la causa para la celebración del juicio si los magistrados de la Sala rechazaban el recurso de apelación que Garzón interpondrá previsiblemente contra la negativa a archivar de las actuaciones.

La Sala que ha estudiado el caso y que ha adoptado esta decisión ha estado compuesta por los magistrados Juan Saavedra, Adolfo Prego –que ha hecho de ponente-, Joaquín Giménez, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdúgo, los mismos que admitieron en mayo de 2009 la querella contra el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5.

PRUEBAS DE DESCARGO

Antes de llevar a Garzón a juicio, Varela deberá decidir ahora si practica las pruebas de descargo solicitadas por el magistrado. El instructor del Supremo, en un auto dictado el pasado 1 de marzo, se negó a practicar las pruebas de descargo solicitadas por Garzón alegando que no podía resolver sobre las nuevas diligencias hasta que la Sala de lo Penal se pronunciase sobre el recurso con el que Garzón pidió el archivo de la causa abierta contra él.

Entre otras pruebas, Garzón solicitó la declaración como testigos de los magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, Clara Bayarri y Ramón Saéz Valcárcel.

Estos tres jueces discreparon a través de votos particulares de la decisión adoptada el 2 de diciembre de 2008 por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en la que se declaró que Garzón no era competente para investigar los crímenes del franquismo.

El juez también pidió la declaración como testigo del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, para que aclare la postura mantenida por su departamento a la largo de la instrucción de la causa abierta por los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura de Franco. Asimismo, solicitó la declaración de un total de siete expertos internacionales en la persecución de los crímenes contra la humanidad.

SUSPENSIÓN DE GARZÓN

El magistrado de la Audiencia Nacional está acusado en esta causa por el sindicato Manos Limpias, por la asociación Libertad e Identidad y por la Falange Española de la JONS, cuya incorporación fue admitida el pasado 13 de enero.

La Fiscalía no ejerce la acusación al considerar que Garzón no cometió ningún delito al declararse competente para investigar los crímenes de Franco. De hecho, el Ministerio Público ha pedido a Varela hasta en tres ocasiones que archive la causa.

Si el Tribunal Supremo decide finalmente llevar a juicio a Garzón, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) deberá estudiar si suspende cautelarmente al magistrado y le aparta de la Audiencia Nacional hasta que se dicte sentencia y se sepa si finalmente es condenado o absuelto.