La demanda, afirman ambas organizaciones ecologistas, "aporta argumentos que demuestran que la citada Orden Ministerial es nula de pleno derecho y, en consecuencia, la central nuclear debe ser cerrada, al no disponer de autorización legal para su funcionamiento".

Estas organizaciones aseguran en la demanda que la central nuclear de Garoña ha funcionado desde su inicio "sin haber obtenido nunca licencia de actividad o licencia ambiental, y tampoco la ha obtenido con ocasión del proceso de solicitud de prórroga que se dirimía el año pasado y que culminó con la Orden recurrida".

Asimismo, aseguran que viola "de forma flagrante la legislación vigente, en ningún momento se ha sometido la solicitud de prórroga de Garoña a Evaluación de Impacto Ambiental ni esta central ha obtenido la preceptiva licencia ambiental, de tal modo que la citada Orden Ministerial se dictó obviando este obligatorio y esencial trámite".

"Dado que no se han respetado las normas reguladoras de las licencias que deben obtener estas instalaciones, procedería dejar sin efecto la Orden y, en consecuencia, la central nuclear de Garoña debería haber cerrado al expirar el plazo de la autorización provisional que tenía en vigor", manifestó Luis Oviedo, abogado de Ecologistas en Acción y Greenpeace en este recurso.