Las ONG criticaron en un comunicado “cómo se ha desarrollado este procedimiento, desde el inicio de la instrucción a este archivo de la Audiencia Provincial”, ya que creen que ha puesto de relieve “una escasa voluntad política, administrativa y judicial de esclarecer estos hechos y depurar las responsabilidades pertinentes en su caso”.

Se quejan sobre todo de que, a su juicio, no se han tenido en cuenta cuestiones esenciales, como las pruebas solicitadas por la acusación, que no se han llevado a cabo, como informes clínicos sobre lesiones de las personas devueltas a Marruecos o la solicitud de testificación de la persona que acompañó a uno de los heridos al hospital de Nador.

“La actuación judicial no ha servido para aclarar lo que realmente sucedió el 14 de octubre de 2014 en la valla fronteriza de Melilla. Por el contrario, y en el colmo del absurdo, la investigación corrió a cargo de la propia Guardia Civil y la firmaba el mismo coronel que estaba siendo investigado”, señala el comunicado.

Las ONG están convencidas de que las pruebas que aportaron al juicio y que no fueron consideradas por la Audiencia Provincial “demuestran sobradamente que las fuerzas de seguridad, cuya obligación era haber garantizado la asistencia sanitaria de forma inmediata de las personas inmigrantes afectadas, facilitando su transporte a un centro de salud, por el contrario, les proporcionaron un trato degradante en el que claramente se vieron violados sus derechos humanos”.