En una resolución, el Consejo de Transparencia avala la negativa de la cadena pública a revelar esas cantidades con el argumento de que tales remuneraciones "pertenecen a la esfera íntima y personal de los citados profesionales; no son datos meramente identificativos ni se refieren a la organización, funcionamiento o actividad pública de RTVE, y se ciñen a un marco laboral o mercantil de carácter estrictamente privado".

El Consejo sostiene además que en este caso "no hay un interés legítimo superior, público o privado, que justifique la divulgación de la información frente al perjuicio que puede causar a los interesados, no estando autorizada por una ley ni consentida por ellos".

Frente a esta resolución, hecha pública por RTVE, cabe recurso ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo.