Tejerina señaló en rueda de prensa que la cuantía total de las sanciones asciende a 1,4 millones de euros, que irán destinados al Tesoro Público cuando se cobren. Por sectores, el de frutas y hortalizas acumuló el 60,2% de las sanciones propuestas, con un total de 194. Le siguieron el sector lácteo, con 94, el 29,1%;; el del aceite, con 23 propuestas, un 7,1% sobre el total,; el del vino, con 9 (2,7%), y el del pollo, con dos propuestas sancionadoras (0,6%).

La distribución mayorista fue el eslabón de la cadena donde se detectaron más infracciones. En cuanto a las causas más frecuentes, destacó el no respetar los plazos de pago en un 57% de los casos. En segundo lugar, no enviar la documentación requerida por AICA en un 24% y, en tercero, la ausencia de contratos compra-venta en un 9% de las ocasiones.

Además, Tejerina reconoció que el 80% de las empresas estudiadas cumplían con la legalidad, “lo que nos anima a seguir trabajando en este tipo de medidas para fomentar un mayor control de la cadena alimentaria”.

INFORME EUROPEO

La ministra de Agricultura, dio también a conocer el informe sobre la aplicación de normativas reguladoras de las relaciones comerciales en la cadena agroalimentaria en países europeos. Se trata de un estudio que detalla las similitudes y diferencias, así como puntos fuertes y débiles, de cada país en comparación con España.

Destacó la importante labor llevada a cabo en España “que está sirviendo de modelo a otros países europeos en la elaboración de normativas para el control de la cadena alimentaria”.

Tejerina señaló que el estudio revela que España “es líder en Europa en la regulación y vigilancia de la normativa que regula la cadena alimentaria”. Además, apuntó que es el país “más activo”, ya que “está siendo el que más sanciones está inponiendo”.