Gestha explica en un comunicado que la AEAT ha determinado que la indemnización que reciban los preferentistas por daños y perjuicios en sede judicial debe declararse como ganancia patrimonial en la base imponible general, lo que aumenta la progresividad de salarios o pensiones, con el añadido de que si se les reconocen intereses indemnizatorios o moratorios deberán declararlos como ganancia patrimonial de la base imponible del ahorro.

Además, denuncia que el nuevo criterio de la AEAT va más allá, pues muchas de las sentencias establecen que los gastos de defensa jurídica de los preferentistas deben ser asumidos por las entidades financieras que comercializaron dichos productos, algo que la AEAT considera también ganancia patrimonial que también debe integrarse en la renta general.

Por otro lado, la AEAT impide que en los tres casos citados puedan deducirse los gastos de abogado y procurador asumidos durante el proceso judicial con el argumento de que son “gastos debidos al consumo”, obviando que las costas tienen un carácter resarcitorio o indemnizatorio de los gastos objetivamente necesarios o útiles para la defensa de su derecho ante los tribunales.

Por todo ello, los técnicos consideran que “esta última vuelta de tuerca” de la Agencia Tributaria no solo implica que estos contribuyentes no pueden deducirse los gastos en los que incurrieron para defender sus derechos en los tribunales, sino que además considera el importe total de las costas como un ingreso más por el que deben tributar.

A este respecto, advierte de que teniendo en cuenta que los tribunales dan la razón a nueve de cada diez preferentistas que demandan a los bancos por la comercialización de estos productos, esta resolución de la AEAT supone “un auténtico varapalo” para la mayoría de los 300.000 afectados por las preferentes que estimó el Gobierno.

En esta línea, denuncia que el perfil mayoritario de estas personas responde a jubilados o personas con ingresos limitados que en muchos casos no tienen obligación de presentar la declaración de la renta, pues no llegan al mínimo necesario de ingresos y que con este nuevo criterio de la AEAT, la situación cambia pues no solo tendrán que presentar la declaración, sino que lo más probable es que les salga a pagar una cifra “desproporcionada” para su nivel de ingresos, ya que por el importe de su pensión no tienen retenciones o son muy reducidas.