Según explicaron a Servimedia fuentes parlamentarias, esa indemnización tiene que ser solicitada por cada diputado de forma individual y expresa dentro de los quince siguientes al 3 de mayo, cuando será efectiva la disolución de Las Cortes Generales por la convocatoria electoral.

De esa indemnización quedan excluidos los miembros de la Diputación Permanente, tanto titulares como suplentes, que seguirán teniendo todas sus prerrogativas intactas, incluida la retribución, hasta la constitución de la nueva Cámara, prevista para el 20 de julio.

Todos los demás son los que tienen posibilidad de optar a esa indemnización, siempre que no reciban ninguna otra retribución, ya que desde el día 3 de mayo dejarán de percibir su asignación como parlamentarios y no tienen derecho a la prestación por desempleo.

La cuantía de la indemnización se calculará de forma individual en cada caso a partir de la retribución percibida por los diputados en función de sus responsabilidades, desde las más bajas en el caso de los parlamentarios “de base” hasta las más altas en el caso de los miembros de la Mesa del Congreso y los portavoces de grupos parlamentarios.

Los diputados que resulten elegidos en las elecciones del 26 de junio comenzarán a cobrar su retribución una vez que tomen posesión de su escaño en la sesión constitutiva, pero lo harán de forma retroactiva desde el día de las elecciones.