En su auto, la sección rechaza los argumentos del recurrente por entender que no tienen “virtualidad suficiente” para dejar sin efecto lo decidido por el juez. Entiende, además, que los indicios señalan que “podemos estar ante un delito de blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública y falsedad en documento mercantil”, que justifican el bloqueo.

Como ejemplo, el auto destaca que facturas expedidas por 11,5 millones de euros por empresas de Jordi Pujol y en su momento de su esposa, por la adjudicación de concursos, proyectos y licitaciones del sector público, especialmente de tipo urbanístico, “carecen de pruebas que justifiquen la realización de trabajos” o informes que justifiquen su origen.

Asimismo, cita la compra de un terreno en Palamós por 217.000 euros que pasados tres años vendió por 4,8 millones de euros, una cuantía que dista mucho del valor de otros terrenos colindantes y que pagó el Grupo Copisa, que estaba “metido de lleno" en concursos y licitaciones en el sector público.

Para rematar sus argumentos, la sección explica que Pujol Ferrusola hizo una donación de 585.000 euros a su hija Nuria, que acabó comprando con ese dinero un inmueble que costó 495.000 euros a su padre, que, por tanto, fue el destinatario final del dinero.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ordenó el pasado mes de octubre el bloqueo de todas las cuentas bancarias en España de Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del matrimonio formado por el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y Marta Ferrusola, y de su exmujer Mercè Gironès Riera.

La jueza de Andorra Maria Angels Moreno también acordó en el mes de febrero de 2015 el bloqueo de todas las cuentas bancarias que ambos tenían en el país. La investigación comenzó por la declaración de la exnovia de Pujol Ferrusola, María Victoria Álvarez, quien aseguró que había acompañado a Andorra al hijo del expresident para ingresar en un banco una mochila llena de billetes de 500 euros.