Así lo recoge en un informe titulado ‘Torturas cometidas por soldados españoles en Iraq: 12 años sin justicia’, hecho público después de la retirada de las tropas españolas en este país en 2004.

La organización, que ha tenido acceso a parte del expediente, incluidos los autos, concluye que “la investigación militar no ha sido exhaustiva” sobre esas presuntas torturas.

AI indica que se ha descartado sin motivo razonable el testimonio de una persona que vio la grabación original sin pixelar, lo que le permitió reconocer a algunos de los presuntos autores, se han descartado injustificadamente otros elementos de prueba que podrían haber llevado a la identificación de los responsables y no se ha hecho todo lo posible por identificar a las víctimas.

Estas irregularidades llevaron a que la investigación militar resolviera en septiembre de 2015 sobreseer el caso de forma provisional, sin cumplir con el deber de exhaustividad de conformidad con los estándares internacionales, según Amnistía.

“Ésta es una mancha en el historial del Ejército español. No se han hecho todos los esfuerzos para identificar a víctimas y responsables de los abusos. Si no se hace justicia, estos actos de tortura planearán sobre la actuación de las tropas españolas”, declaró Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.

Amnistía Internacional se reunió en febrero pasado con la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, y la Fiscalía Togada y solicitó que la investigación pasara a la jurisdicción ordinaria. En el caso de que esta solicitud fuera rechazada, la organización insistió a la Fiscalía en que debe asegurar que la investigación no se cierra, que los hechos son investigados de forma imparcial e independiente y, llegado el caso, que los responsables son procesados.

Según AI, la fiscal tomó en consideración sus preocupaciones y, pasados unos días, remitió un detallado informe sobre el caso en el que daba validez y avalaba la investigación militar y el sobreseimiento provisional del caso, algo con lo que Amnistía Internacional está en desacuerdo, a pesar de valorar el interés de las autoridades.

Para Amnistía Internacional, las irregularidades detectadas indican que este tipo de investigaciones no deben llevarse a cabo en la justicia militar, sino en la ordinaria, por lo que ha lanzado una campaña de recogida de firmas dirigida a la Fiscalía General del Estado para que transfiera la causa a un juzgado ordinario.

Esta petición se sustenta en estándares internacionales, ya que tanto el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas como el Relator Especial sobre la Tortura de Naciones Unidas han señalado que las personas acusadas de tortura no deben ser juzgadas por tribunales militares.

En la misma línea, el Comité de Derechos Humanos de la ONU recomienda que se enmiende la ley para limitar la jurisdicción de los tribunales militares al enjuiciamiento de personal militar solamente acusado de delitos de carácter exclusivamente militar.

“Sólo así se impediría que se mantenga un clima de impunidad que dura ya más de 10 años en relación a crímenes de derecho internacional como son la tortura u otros malos tratos, que, entre otras características, no prescriben nunca. Las víctimas tienen derecho a recibir una reparación adecuada por parte del Estado y los responsables, si se confirma su culpabilidad, deben cumplir con la sanción que les corresponda”, aseguró Beltrán.

“AMENAZAS”

El informe de Amnistía Internacional indica que la Fiscalía militar asegura que no hay testigos válidos que afirmen que se produjeron los malos tratos y las torturas, centrando su argumento en la falta de testigos directos.

Sin embargo, Amnistía Internacional afirma que, además del testimonio del soldado que grabó el vídeo de las torturas (aunque luego se desdijo), existe el de otro militar que lo visionó y que pudo identificar a varios de los responsables y cuyo testimonio se ha desestimado.

Según la documentación en poder de AI, “estos dos testigos podrían haber sufrido amenazas para retirar su testimonio y no contar lo que sabían”. Las amenazas a uno de los testigos no fueron investigadas por haber prescrito y las amenazas al otro testigo, en opinión de la organización, no han sido investigadas exhaustivamente porque la Fiscalía militar ni siquiera estuvo presente cuando se le tomó declaración por estos hechos.

Además de estos testimonios, Amnistía cuenta con la identificación de la celda donde se cometieron las agresiones, la acreditación documental de detenidos iraquíes en el período en que sucedieron los hechos e intervenciones telefónicas de personas implicadas en el caso y sus familiares al respecto de las supuestas torturas, indicios que, según apunta, "no parecen haber sido investigados adecuadamente al declararse el sobreseimiento del caso".

Indica que, además, ha desaparecido el libro de registro de detenidos en Iraq, lo que hubiera facilitado la identificación de los detenidos, otro de los principales argumentos esgrimidos por la justicia militar para sobreseer el caso.

“Ni la Fiscalía militar ni el juez han procurado aclarar cómo o por qué se produjo su pérdida y, en consecuencia, no se han depurado responsabilidades que se derivarían de la misma, tal y como establece la normativa internacional”, apostilla.

Como conclusión, Amnistía Internacional recalca que, “tanto en España como en cualquier otro lugar del mundo, los tribunales militares no reúnen las condiciones de independencia e imparcialidad que son requeridos para la investigación de crímenes de derecho internacional e insiste en su petición de llevar este caso a la justicia ordinaria”.