Así se expresó Prado en su discurso en la junta de accionistas de la compañía, donde recordó que el bono social, que en 2015 supuso un montante de más de 180 millones de euros, lo financian en su totalidad las empresas del sector, aportando Endesa un 41%.

Por ello, sostuvo que su propuesta de rediseño “no sólo lograría que la ayuda fuera más eficaz, sino que liberaría recursos económicos para otro tipo de ayudas, que podrían incluir el pago completo de las facturas de los hogares identificados por los servicios sociales como insolventes”.

Prado, tras reconocer que “como consecuencia de la crisis económica, muchos hogares españoles han visto limitada su capacidad de hacer frente al pago de sus consumos básicos, destacó que Endesa “ha sido la empresa eléctrica pionera en la firma de convenios con Ayuntamientos y Gobiernos autonómicos para garantizar el suministro a aquellos hogares identificados como vulnerables por su situación económica”.

Como resultado, valoró que Endesa ha logrado firmar convenios que cubren a más de 13 millones de hogares, el 75% del total en España.

Por su parte, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, afirmó que “más allá de cómo se deba financiar este bono social, nosotros pensamos que es necesario rediseñarlo a fondo, teniendo en cuenta esencialmente los niveles de renta de los hogares españoles, para conseguir que beneficie a los clientes que de verdad lo necesitan y no a otros clientes que cumplen los requisitos formales actualmente establecidos, pero que podrían no ser realmente familias en situación de pobreza o vulnerabilidad energética”, añadió.

En esta línea, defendió que “tal rediseño, aparte de ser más justo y responsable socialmente, permitiría asignar los recursos a financiar un fondo claramente centrado en asegurar el suministro a las familias que no pueden pagar la factura eléctrica ni siquiera con un descuento y que sean identificadas como tales por los servicios asistenciales de los ayuntamientos, que son quienes tienen la información necesaria para identificar a estas familias”.

Por otro lado, apuntó que si se “limpia” la tarifa de extracostes y cargas impositivas ajenas al suministro, aunque solo sea en parte, las tarifas eléctricas que tendrían que pagar las familias españolas serían mucho más bajas y se aliviaría sustancialmente la vulnerabilidad energética de muchas de ellas.

También pidió actuar sobre “otra de las raíces del problema: el muy deficiente estado del aislamiento térmico de una parte de las viviendas españolas, especialmente de aquellas en las que viven las familias más afectadas por la pobreza energética, y que es causa importante de un incremento de su factura eléctrica”.

A este respecto, explicó que una parte del Fondo de Eficiencia Energética, dotado actualmente con unos 200 millones de euros anuales, podría ser dedicada a la rehabilitación y mejora del aislamiento térmico de las viviendas de las familias que se hallan en situación de pobreza energética.

“Así pues, rediseñar de manera más justa el bono social, crear a partir de este rediseño un fondo para la pobreza energética, limpiar la tarifa de extracostes y crear un Fondo para la Rehabilitación de las viviendas de familias vulnerables constituyen, a nuestro juicio, un adecuado paquete de medidas para tratar de mitigar este problema”, concluyó.