Así lo manifestó en el Congreso de los Diputados, al preguntar al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, por las medidas que está adoptando el Gobierno contra los delitos sexuales, como la pederastia, especialmente cuando las víctimas son menores de edad.

“En esta materia no valen hipocresías. Estamos hablando de un bien jurídico que tiene una dimensión especial. No valen afirmaciones como las que hace un prelado, monseñor Antonio Cañizares, cuando afirma que se ataca a la Iglesia Católica ‘para que no se hable de Dios’”, dijo.

Este diputado socialista, presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso de los Diputados, recordó que según datos del Parlamento Europeo, entre el 10% y el 20% de los niños europeos corre el riesgo de ser víctimas de agresiones sexuales.

A su juicio, escándalos sexuales de algunas de las diócesis, seminarios o congregaciones de la Iglesia Católica, los casos de pederastia ocurridos en Irlanda, Alemania, Austria, Holanda, Italia, Estados Unidos o el último registrado en España, concretamente en Gran Canaria, “son delitos repugnantes” a los que los Estados tienen que dar una “respuesta contundente”.

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, señaló que el Gobierno ha tomado, en el marco de la Presidencia de la Unión Europea, diversas medidas para luchar contra la pederastia y la explotación sexual de menores. España ha promovido la celebración de una conferencia internacional sobre la protección del menor en los sistemas judiciales europeos.

Recordó que la reforma del Código Penal, actualmente en tramitación, recogerá una “nueva y más precisa” regulación de los delitos sexuales, especialmente cuando las víctimas son menores de edad.

AGRESIÓN SEXUAL

“Se dedica un capítulo de ese nuevo código específico a los delitos de agresión sexual cometidos a menores de 13 años, se tipifican conductas relacionadas con la captación y aprovechamiento de menores para espectáculos públicos, el ejercicio de la prostitución y se regula también el delito de trata de personas”, añadió.

Además, aseguró que la libertad vigilada para delincuentes de “difícil rehabilitación” hará que exista un seguimiento posterior de su conducta tras su puesta en libertad, “lo que va a permitir proteger a las víctimas del delito y a las potenciales víctimas de esa persona”.

“El Gobierno está trabajando con un compromiso firme contra esta clase de delitos en sintonía con Europa y con políticas en defensa de las víctimas”, sentenció el ministro de Justicia.