Salud Mental España pide “más compromiso público” 30 años después de la reforma psiquiátrica
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La Confederación Salud Mental España pidió este lunes, cuando se cumplen 30 años de la materialización de la reforma psiquiátrica, “más compromiso público” con las personas con enfermedad mental, ya que “sigue existiendo escasez de recursos y desigualdad entre territorios a nivel de desarrollo y de implantación”.
La entidad recordó en un comunicado que el 25 de abril de 1986 se aprobó la Ley General de Sanidad, que llevó a la práctica el proceso de reforma psiquiátrica puesto en marcha unos años antes. A partir de ese momento, dice, “hombres y mujeres encerrados en ‘manicomios’ pasaban a ser ciudadanos con derecho a recibir una atención adecuada”.
A este respecto, el presidente de la citada confederación, Nel A. González Zapico, explicó que esta reforma logró “desmantelar un sistema antiguo que giraba en torno al hospital psiquiátrico, consiguió equiparar a las personas con trastorno mental a otras personas con cualquier tipo de problema de salud y limitó las hospitalizaciones para que se produzcan estrictamente cuando sean necesarias”.
Pero además, prosiguió, esta norma anunciaba la reinserción, la atención integral y la intervención con la persona afectada desde el ámbito comunitario.
Sin embargo, lamentó Salud Mental España, “todo ello ha quedado a medias, por lo que es necesario aumentar los recursos destinados a la atención y prevención, incrementar el número de profesionales dedicados a la salud mental o formar y sensibilizar a los médicos de Atención Primaria, entre otras necesidades de carácter urgente”.
“Es necesario mejorar la atención en situaciones de crisis, garantizar que se produzca una adecuada coordinación socio-sanitaria para mejorar las intervenciones en salud mental y además facilitar y promover la participación de las personas con problemas de salud mental y sus familiares en su propio proceso de recuperación”, añadió González Zapico.
Finalizó diciendo que la entidad exige a la Administración Pública “un mayor compromiso para el desarrollo de políticas enfocadas a un mejor y mayor impulso de recursos que aseguren una atención en salud mental de calidad”, en la que se tenga en cuenta siempre la opinión de la persona afectada.
(SERVIMEDIA)
25 Abr 2016
IGA/caa