Con esta solicitud se pretendía retrasar el debate de este "importante asunto" y elevarlo al Pleno del Congreso, en vez de hacerlo mañana "de tapadillo y por la tarde" en la Comisión de Economía y Hacienda con competencia legislativa plena, según dijo el portavoz parlamentario del PNV, Josu Erkoreka.

Según explicó en rueda de prensa, "mi grupo parlamentario ha sido el único que ha votado a favor de nuestra propuesta porque el resto o bien se han abstenido (PP) o han votado en contra (PSOE y CiU)" por lo que "se abandonan ya las ambigüedades, todo el mundo empieza ya a retratarse".

Pese a este revés, el PNV asegura que no se da "por vencido" y que va a seguir "explorando todas las posibilidades que nos permita el ordenamiento vigente en la Cámara para alcanzar nuestro objetivo que es disponer de más tiempo".

Erkoreka respondió a los periodistas que la propuesta de CiU "habla de excluir a las sociedades cotizadas familiares y pequeñas" lo que, según el portavoz del PNV, sería "excluir unos supuestos muy excepcionales porque los problemas de los que hablamos se producen habitualmente en otro tipo de compañías más grandes con accionariados anónimos, atomizados, etcétera, y es solo ahí dónde tiene sentido este derecho de limitación de voto que existe y queremos mantener".

El Congreso de los Diputados abordará el próximo miércoles el debate del proyecto de ley sobre reforma de las leyes de Auditoría, Mercado de Valores y Sociedades Anónimas, en la que los grupos deberán decidir si se suprimen las limitaciones de voto en las empresas, tal y como pretende el PSOE.

La Comisión de Economía y Hacienda se celebrará mañana, miércoles, con "capacidad legislativa plena" y en ella se debatirán tanto el proyecto de Ley de Blanqueo de Capitales como la reforma de las leyes de Auditoría, Mercado de Valores y Sociedades Anónimas.

En ésta última reforma, el PSOE ha presentado una enmienda para eliminar los blindajes que establecen algunas empresas en sus estatutos mediante la limitación del derecho de voto de sus accionistas.

Esta medida, que ha generado polémica en círculos empresariales y políticos, afectaría a grandes compañías como Repsol, Telefónica, Iberdrola, el Banco Popular o el Sabadell, cuyos estatutos establecen ahora un límite de voto del 10 por ciento por accionista, independientemente de cuál sea su paquete accionarial.

Así, el presidente de Repsol YPF, Antonio Brufau, y el consejero delegado de Criteria, el holding de participadas de La Caixa, Gonzalo Gortázar, han pedido un debate sereno sobre el tema.

Otros, como el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, o el presidente de Bancaja, José Luis Olivas, se han opuesto a la propuesta. "Es un tema improvisado e inoportuno, porque en estos momentos ni a los millones de accionistas que tenemos las grandes empresas ni a las empresas familiares, ni a los inversores institucionales y particulares les interesa este tema", manifestó Sánchez Galán.

Las críticas también han llegado de otros grupos, como la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), que cree que la medida sólo beneficiaría a quienes desean tomar el control de compañías cotizadas sin presentar una opa, o el Instituto de Empresa Familiar (IEF), que ve "inoportuna" la enmienda.