Las acusaciones pedían que se ampliasen las actuales imputaciones a una decena de civiles y militares, entre ellos al ex jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME) Luis Alejandre Sintes y al ex jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire (JEMA) Eduardo González-Gallarza Morales, entre otras personas.

En un auto dictado hoy, los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional desestiman los recursos de las acusaciones y aseguran que “las malas condiciones” de los aviones en los que eran transportados las tropas “no era de la responsabilidad directa de las autoridades militares españolas”.

En este sentido, el tribunal asegura que el contrato firmado por España con Namsa, la agencia de la OTAN a través de la cual se alquiló el Yak-42 subcontratando a su vez a la empresa británica Chapman Freeborn, “desvinculó” a las autoridades españolas. “Correspondía a Namsa la ejecución y el cumplimiento del servicio contratado a cambio de un precio”, señala el tribunal.

En concreto, los magistrados han desestimado los recursos presentados por los abogados Leopoldo Torres y Leopoldo Gay, este último en nombre de la Asociación de Familiares del Accidente de Turquía del Yak-42 (Afaty), contra la negativa del juez Fernando Grande-Marlaska a ampliar las imputaciones por las responsabilidades políticas en la contratación de la aeronave siniestrada.

El juez Marlaska, en un auto dictado el 20 de mayo de 2008, tan solo aceptó la imputación de cinco responsables de la cúpula militar de 2003, entre ellos del ex jefe del Estado Mayor de Defensa (Jemad), almirante general Antonio Moreno Barberá, y del entonces jefe del Estado Mayor Conjunto (Emacon), el general de división Juan Luis Ibarreta.

El magistrado les acusa de 62 homicidios por imprudencia grave por su participación en la contratación del Yak-42. Dentro de la División de Operaciones del Emacon, el magistrado también imputó en la causa al contralmirante José Antonio Martínez, al coronel Joaquín Yáñez y al comandante Alfonso Elías Lorenzo.

QUEJAS SOBRE LOS VUELOS

Las acusaciones, a la hora de solicitar la ampliación de las imputaciones, aseguraron que los miembros de la antigua cúpula militar tenían en su poder antes del accidente del Yak-42 los informes y las quejas que denunciaban las deficiencias de los vuelos de transporte de tropas, por lo que eran conscientes de que podía producirse una tragedia.

En contra de este criterio, el fiscal encargado del caso, Fernando Burgos, aseguró ante el tribunal que no hay datos que permitan ampliar las imputaciones. “No se puede extender las responsabilidades como una mancha de aceite sobre toda la administración militar”, afirmó.

En este sentido, el tribunal, presidido por la magistrada Ángela Murillo, da la razón al fiscal Burgos y señala que el alcance de la inmensa mayoría de las quejas recibidas antes del accidente “no afectan a un problema de seguridad de los vuelos, sino que más bien apuntan a un defectuoso cumplimiento de las condiciones del acuerdo”.

Por lo tanto, los magistrados concluyen que no se pueden ampliar las imputaciones porque “incluso habiendo tenido conocimiento de las quejas presentadas, no eran propias de su responsabilidad institucional, que había sido asumida por la contratista”, es decir, por la agencia Namsa de la OTAN.

A pesar de esta afirmación, el tribunal subraya que “las distintas subcontratas realizadas por el intermediario resultan igualmente ajenas al ámbito penal”.

La otra causa que se seguía en la Audiencia Nacional por el accidente del Yak-42, en concreto la que investigaba el error en las identificaciones de 30 de las 62 víctimas, ya fue llevada a juicio.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a tres años de cárcel al jefe de la delegación española enviada al lugar del accidente, el general Vicente Navarro, y a un año y medio de prisión a sus dos subordinados, el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez. La sentencia fue confirmada en su integridad este miércoles por el Tribunal Supremo.