"Existe una obligación legal que exige desarrollar la Ley (de Dependencia) conforme a lo previsto en su exposición de motivos", afirmó Jiménez en una rueda de prensa sobre trasplantes, en respuesta a las comunidades autónomas que han hablado de la posibilidad de paralizar la aplicación de esta norma para cumplir así mejor con el plan de austeridad impulsado por el Gobierno central.

Sin embargo, insistió la titular de Política Social, el cumplimiento de la Ley de Dependencia es "una obligación legal y una obligación legal no puede verse alterada en ningún caso".

Es cierto, prosiguió la ministra, que las autonomías, en el marco de sus competencias, tienen que contribuir a la reducción del déficit público mediante el plan de austeridad, pero "una cosa es la reducción del gasto y otra la prestación de los servicios".

El plan de austeridad, aseguró, "no va a afectar a la prestación de ningún derecho, ni de carácter sanitario, ni de carácter social".

RESPETO A FARMAINDUSTRIA

Por otra parte, Jiménez se refirió a al malestar expresado por Farmaindustria tras conocer el proyecto del Gobierno de recortar el gasto en medicamentos y señaló que la respuesta de la industria farmacéutica a este aspecto es respetable, porque "ha manifestado lo que tiene que manifestar: la defensa de sus intereses".

Farmaindustria considera que el recorte en el gasto de fármacos por parte de la sanidad pública puede conllevar la pérdida de puestos de trabajo y hacer tambalear la investigación.

En cualquier caso, concluyó la ministra del ramo, el Gobierno es quien tiene la competencia para promover un decreto como el de la reducción del gasto farmacéutico, que está casi ultimado y que se ha elaborado con "consenso y equilibrio".