Entre otras obligaciones recogidas, los productores, viveristas y comerciantes e importadores de plantas sensibles a la plaga deberán inscribirse en un registro oficial y mantener un cuaderno de campo, preferentemente en soporte digital, en el que anotarán los movimientos de las plantas, los tratamientos que se les aplican y los posibles casos detectados, para la correspondiente verificación por la Consejería de Agricultura y Pesca.

Para poder comercializar las plantas, estos profesionales solicitarán a la Administración autonómica pasaportes fitosanitarios que acrediten que han sido tratadas con productos autorizados.

En el caso de los importadores de palmeras, el decreto obliga a ubicarlas en una parcela separada al menos por un kilómetro de distancia de las que ya están plantadas. Por cada lote importado se pedirá un certificado fitosanitario emitido por el país de origen que deberá justificar que al menos durante un año la planta ha estado sometida a tratamientos preventivos.

Por su parte, los propietarios deberán notificar a la Consejería de Agricultura y Pesca la aparición de síntomas de la plaga, así como permitir a su personal técnico autorizado el acceso a los lugares donde se encuentran las plantas. Esta obligación de informar de cualquier sospecha se hace extensiva a los ayuntamientos.

Finalmente, la norma distingue dos tipos de área de aplicación de medidas pre-ventivas y de lucha contra la plaga, en función de la existencia o no de plantas afectadas: la zona infestada, para la que se fija un radio de un kilómetro; y la zona tampón, que se extiende en un radio de diez kilómetros a partir del límite de la anterior.