Creen que el Ejecutivo debería haber hecho un “esfuerzo” presupuestario con los más vulnerables y abordarlo en el Consejo Territorial dentro del orden del día. Fue la idea que defendió la consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Aurelia Sánchez Navarro, que calificó de “imprescindible” hablar de la dependencia en reuniones como la que mantuvo este miércoles el Consejo, bajo la presidencia del ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, con la participación de representantes autonómicos.

Sánchez Navarro criticó que se haya disminuido un 68% la financiación al plan concertado, pues la ayuda que prestan los ayuntamientos supone “la puerta de entrada” a los servicios sociales. Por ello, remarcó que la dependencia debe ser incluida en el orden del día de próximas reuniones y que las comunidades progresistas consideran que el Gobierno debería haber hecho “un gesto” dotando más presupuesto a los dependientes. “Es decepcionante”, aseveró.

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales de Aragón, María Victoria Broto, también dijo estar “decepcionada” porque no se hablase de financiación de la dependencia. Asimismo, criticó que lo que recibe su comunidad del Estado es el 19%, por lo que pidió el cumplimiento de la ley en esta materia.

También se refirió como “muy importante” esa financiación en lo que respecta a los dependientes y de “fundamental” que el Estado impulsase una convocatoria para acreditar a los cuidadores a nivel nacional.

En la misma línea se manifestó el consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, que insistió en la necesidad de una revisión “para aprender de los errores de la ley de dependencia”, como se trató durante los ruegos y preguntas con el ministro. En su opinión es necesaria “una evaluación urgente” y el consejo, en su opinión, ha sido “de trámite”.

“Nos vamos con una decepción tremenda de que un consejo que tiene como apellido la dependencia, no haya abordado, ningún punto del orden del día en el ámbito de la atención de las personas con dependencia y que hayamos tenido que sacarlo las comunidades autónomas”, criticó.

INFRAESTRUCTURAS RESIDENCIALES

También habló de “unanimidad” en la falta de financiación de la dependencia, la consejera de Asuntos Sociales y Cooperación de Baleares, Fina Santiago, que reprochó al Estado que no llegue a financiar “ni el 50%” y apuntó como “muy necesarias” las infraestructuras residenciales para garantizar la asistencia del ‘boom’ que se producirá en los servicios sociales con los nacidos en los años 50 y 60.

Por el contrario, el consejero de Políticas Sociales y Familia, de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo, se mostró “sumamente contento” tras la reunión con el ministro, en la que se anunció un 27% más de presupuesto con respecto al ejercicio anterior para familia, infancia, pobreza y exclusión social y los colectivos más vulnerables.

También se refirió a que “todas las comunidades autónomas” están en grupos de trabajo para evaluar la Ley de Dependencia y aplaudió la reciente sentencia del Supremo sobre el reparto de la 'x solidaria' del IRPF para garantizar la solidaridad hacia las entidades sociales de forma igualitaria en toda España.

Tras la reunión, el ministro Alonso se defendió de las críticas de los consejeros socialistas, pues según Sanidad fueron las propias autonomías quienes sacaron el punto del orden del día, y anunció el reparto de más de 75 millones para prestar servicios sociales, la mayoría, 48 millones, van al Plan de apoyo a la familia y a la infancia. También habrá más de 27 millones para el Plan Concertado y 412.500 euros para el Plan de Desarrollo Gitano.