En la proposición, que salió adelante por 208 votos a favor, 105 en contra y 11 abstenciones, se pide también introducir cambios del artículo 95 de la Ley General Tributaria, dentro de los límites constitucionales, que “permitan conocer el nombre de los defraudadores acogidos a la ‘amnistía fiscal’”.

Además, se reclama exigir los 2.800 millones de euros que el anterior Gobierno “perdonó ilegalmente” a los defraudadores de la amnistía, al cobrarles el 3% en lugar del 10% que establecía la norma.

También se apuesta por remitir a los tribunales todos los casos de acogidos a la misma en donde existen indicios de delitos relacionados con la corrupción o de blanqueo de capitales.

En materia de lucha contra el fraude, en la propuesta se aboga por exigir a las entidades financieras que operan en España que notifiquen a las autoridades los clientes que tienen cuentas en ‘paraísos fiscales’.

En caso de que dichas entidades no colaboren con las autoridades españolas, ser sancionadas económicamente e, incluso, en caso de reincidencia en la falta de colaboración, retirada de la ficha bancaria en su caso.

Otra de las medidas que recoge la proposición es crear una comisión de expertos para analizar la situación del sistema fiscal español, que en el plazo de seis meses debería presentar sus conclusiones sobre cómo mejorar la incorporación de la riqueza al sistema general de tributación.

Uno de los objetivos, se explica en el texto, será mejorar la eficiencia y la equidad del sistema tributario, reduciendo el diferencial entre los tipos nominales y efectivos, eliminándose aquellas reducciones, deducciones y beneficios fiscales de carácter regresivo.

En defensa de la iniciativa, el portavoz de Hacienda del PSOE, Pedro Saura, explicó que su objetivo “es poner en el corazón del Congreso los ingresos tributarios y públicos del país”.

A este respecto, advirtió de que la presión fiscal española es 6,6 puntos inferior a la media de los países de la Unión europea y 8,2 puntos menor a la de la zona euro.

Se trata, según Saura, de “consensuar una amplia reforma fiscal” que acerque los tipos efectivos a los nominales, que permita la contribución de manera suficiente de la riqueza en la financiación del Estado del Bienestar y que combata el fraude fiscal y la evasión.