El Tribunal acuerda dar traslado de la demanda y documentos presentados al Gobierno de la nación, que dispone de un plazo de veinte días para aportar cuantos documentos y alegaciones considere convenientes.

El Ejecutivo catalán impugnó ante el tribunal de garantías ese decreto, que establece una prueba final al término de Primaria, una evaluación que se realizará por primera vez a finales de este curso, tal y como fija la citada ley.

El Gobierno catalán cree que esa normativa vulnera las competencias autonómicas en materia de educación y lengua propia. Según el Ministerio de Educación, ese examen pretende comprobar el nivel de adquisición por parte del alumnado de las competencias del currículo y de los objetivos de la etapa.

Sin embargo, son muchas las comunidades que son contrarias a realizarlas. De hecho, Navarra, Canarias y País Vasco no las van a hacer y las autonomías gobernadas por el PSOE han presentado recursos al Constitucional.

La admisión a trámite del recurso no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del citado asunto, que el Tribunal resolverá en próximas fechas.