Esta organización señaló que gran parte de la población palestina que vive en Cisjordania y que aparecía en el informe "Aguas turbulentas. Negación del derecho de acceso al agua a la población palestina", publicado el pasado mes de octubre, sigue afrontando serias dificultades para acceder al agua.

En este sentido, el director del Programa para Oriente Medio de Amnistía Internacional, Malcolm Smart, denunció que "a la población palestina sólo se le permite disponer de una mínima parte del casi ilimitado suministro que se procura a los asentamientos israelíes ilegales".

"Se ha negado a cientos de miles de palestinos el derecho a llevar una vida normal, a tener una alimentación, una vivienda o una salud adecuadas, y al desarrollo económico", apostilló Smart, que instó a Israel a “asumir la responsabilidad de garantizar que la población palestina recibe la parte de los recursos hídricos comunes que le corresponde".

Entre otros casos, el informe "Aguas Turbulentas" describe que el ejército israelí emitió órdenes de demolición de nueve cisternas de agua que se habían construido sin permiso de las autoridades israelíes en el pueblo de Daraj al Hathaleen (Cisjordania).

Amnistía aseguró que, tras más de cuatro decenios de ocupación militar israelí, las restricciones impuestas por Israel al acceso de la población palestina al agua han impedido el desarrollo de infraestructuras e instalaciones hídricas en Cisjordania.

En el informe de Amnistía Internacional también se hacía hincapié en los problemas a los que se enfrenta la población palestina de Gaza, donde el 90 o el 95% del agua no es apta para el consumo humano.