Cinco hombres fueron ahorcados el pasado fin de semana en este país, tres de ellos por cargos de tráfico de drogas y los otros dos tras ser declarados culpables de asesinato. En al menos uno de los casos, el de Rashid Kouhi, existían "serias dudas sobre la imparcialidad del juicio y la negación de su derecho a apelar", según la oficina dirigida por Zeid. Kouhi fue condenado a muerte en 2012 después de que fue encontrado en posesión de 800 gramos de metanfetamina de cristal y fue ejecutado el pasado sábado en la provincia de Gilan (norte de Irán).

El año pasado, al menos 966 personas fueron ejecutadas en Irán (la tasa más alta en más de dos décadas), la mayoría por delitos de drogas. Al menos cuatro de ellas eran menores de edad, según informó este jueves en un comunicado la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Sin embargo, un total de 70 parlamentarios presentaron el pasado diciembre un proyecto de ley de modificación de la pena de muerte obligatoria para los delitos de drogas, que fue presentado en el Parlamento en enero y prevé la cadena perpetua en tales casos.

"Ha habido signos alentadores desde Irán hacia la reforma de la ley, a través de los poders judicial, ejecutivo y legislativo, y espero que el nuevo Parlamento adopte estos cambios. Pero es lamentable que las ejecuciones por delitos relacionados con las drogas -crímenes que claramente no cumplen la ley internacional de derechos humanos para la aplicación de la pena de muerte- se sigan llevando a cabo mientras tanto”, dijo Zeid.

El máximo responsable de derechos humanos de la ONU llamó a Irán a “dar el primer paso importante de instituir una moratoria en el uso de la pena de muerte” teniendo en cuenta “el reconocimiento amplio” en este país de que este tipo de condena “no disuade del crimen de la droga y que las leyes contra los narcóticos necesitan ser reformadas”.

Según algunos informes, en lo que va de año se han llevado a cabo 60 ejecuciones en Irán, lo que supone una disminución en comparación con el mismo periodo de 2015.

Zeid también manifestó su preocupación por “el gran número de menores delincuentes” que son condenados a muerte en Irán y reclamó a las autoridades de este país a garantizar que nadie sea ejecutado por delitos cometidos con menos de 18 años, puesto que existe una prohibición estricta contra la ejecución de menores en el derecho internacional de los derechos humanos, incluida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Irán ratificó en 1975, y la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual ratificó en 1994.