En declaraciones tras la firma del primer convenio estatal del sector del metal, los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez, y el presidente de Cepyme y vicepresidente de CEOE, Antonio Garamendi, coincidieron en rechazar que los ERE se estén adelantando ante una posible derogación de las reformas laborales y para “chantajear” a los grupos parlamentarios de que no lleven a cabo esa iniciativa.

En concreto, Toxo denunció la “propaganda interesada” que trata de ligar estas decisiones de las empresas con la falta de un gobierno o la posibilidad de que el próximo ejecutivo adopte ciertas medidas.

En su opinión “ni hay fuga de capital, ni conozco que haya precipitación de decisiones empresariales que no estuvieran tomadas ya para chantajear a los partidos políticos ante cambios que puedan trastocar el marco del mercado de trabajo”.

En una línea similar, Garamendi defendió que “las empresas no hacemos política” y aseveró que “las decisiones se toman a medio y largo plazo, no a corto plazo”. “Las decisiones que se toman ahora ya estaban tomadas hace tiempo”, afirmó.

No obstante, se mostró contrario a la propuesta de derogar las reformas laborales ya que consideró que “sí ha valido para que muchas empresas no echen el cierre”. De hecho, añadió que “pensamos, no que haya que derogarla, sino que hay que profundizar en ella”.

Por último, Álvarez incidió en que es “insoportable” vivir en un país en el que se pueda plantear la posibilidad de que las empresas puedan aprobar un ERE cuando les parezca.

“Que los empresarios tengan la potestad de si pueden o no hacer un ERE es la prueba evidente de hasta qué punto la reforma laboral es arbitraria y de parte”, criticó.

En este sentido, instó a las patronales a sentarse ya a negociar un nuevo estatuto de los trabajadores que sustituya al actual y que supere las reformas laborales de 2010 y 2012.