Shamdasani indicó en un comunicado que esta norma “podría haber servido de base para un camino al diálogo y a la reconciliación en Venezuela”. “Aún estamos estudiando el fallo en detalle, pero observamos con preocupación que el tribunal declarara inconstitucional la totalildad del texto”, añadió.

A petición del Gobierno de Nicolás Maduro, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos elaboró un informe jurídico del proyecto de ley, que concluye que el texto cumple las normas internacionales de derechos humanos.

“Hacemos un llamamiento al Gobierno de Venezuela y a la oposición política para abrir vías hacia un proceso de diálogo que podría contribuir a alcanzar los acuerdos políticos cruciales que son necesarios para hacer frente a los múltiples desafíos de los derechos humanos a los que el pueblo de Venezuela se enfrenta”, apuntó.

Además, Shamdasani instó al Gobierno venezolano y a todas las entidades estatales que aseguren “el pleno respeto de los derechos y las libertades inherentes a las que todo el pueblo de Venezuela tiene derecho –incluyendo los defensores de los derechos humanos y los agentes de la sociedad civil-, en consonancia con las obligaciones del país bajo los tratados internacionales de derechos humanos que ha ratificado, así como los compromisos que hizo durante su examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU”.