En un auto remitido este lunes, la jueza Carmen Lamela accede a la petición de la representación de la fundación. La pasada semana atendió en igual sentido una petición del Banco Sabadell, actual propietario de la CAM, a la que rebajó la fianza de 1.592 millones a 25,6.

En su auto, la magistrada explica que las únicas partes acusadoras que solicitan la responsabilidad civil subsidiaria de la citada entidad son Bon Llar SL y Diego de Ramón, quienes efectúan reclamación de 62.545,28 euros y 19.161.832 euros, respectivamente.

Por tanto procede, dice la jueza, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, rectificar el error material cometido en el auto de apertura de juicio oral, “siendo la cuantía de la que debe responder Banco de Sabadell 25.632.503,32 euros, correspondientes a la suma de ambas cantidades incrementado en el tercio que establece la ley”.

Del mismo modo fundamenta la corrección hecha hoy en relación a la fianza fijada para la Fundación de la CAM.

En el auto anterior también se modifica la cantidad de la que debe responder Salvador Ochoa, al no ejercer contra él la acusación el Fondo de Garantía de Depósitos, por lo que debe responder por 387 millones y no por 1.592 millones como se hizo constar por error en el citado auto.

OCHO EN EL BANQUILLO

La jueza abrió el pasado miércoles juicio oral contra ocho exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por las irregularidades presuntamente cometidas en la entidad e impuso las correspondientes fianzas, hoy corregidas, para asegurar las presuntas responsabilidades civiles pecuniarias que pudieran imponerse.

En un auto, la magistrada enviaba a juicio a Modesto Crespo, Roberto Lidiano López Abad, María Dolores López Amorós, Teófilo Sogorb, Vicente Soriano, Francisco José Martínez, Juan Luis Sabater y Salvador Ochoa, quienes deberán hacer frente a la fianza de forma conjunta y solidaria y en el plazo de 24 horas.

La resolución, que recoge los escritos de acusación de las partes, considera que deben responder de dicha cantidad, como responsables civiles subsidiarios, el Banco Sabadell y la Fundación de la Comunidad Valenciana Obra Social Caja Mediterráneo (Fundación CAM) y como responsable civil directo Caser.

La jueza abre juicio oral por delitos de falsedad en cuentas anuales e información social, delito relativo al mercado y a los consumidores, manipulaciones informativas, apropiación indebida, falsedad en documento mercantil y estafa agravada.

El auto recoge los delitos concretos por los que se abre juicio oral a cada uno de los exdirectivos y señala a la Sala Penal como la competente para el enjuiciamiento de los hechos.

DELITOS

La magistrada sienta en el banquillo al expresidente Modesto Crespo y a la exdirectora general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo Dolores Amorós por delitos de falsedad en las cuentas anuales, delito relativo al mercado y los consumidores, manipulaciones informativas, estafa agravada, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil.

También serán juzgados por estos mismos delitos el exdirector general de Recursos Vicente Soriano Terol y el exdirector de Planificación y Control Teófilo Sogorb.

El exdirector general Roberto López Abad se libra de la acusación de los delitos contra el mercado y los consumidores y se acusa a los exdirectivos Francisco José Martínez García, Juan Luis Sabater y Salvador Ochoa de falsedad en las cuentas y en documento mercantil y apropiación indebida.

CAJA INTERVENIDA

La Caja del Mediterráneo fue intervenida por el Banco de España en julio de 2011. Nombró administradores e inyectó un total de 2.800 millones de euros desde el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Fue precisamente el FROB el que realizó los informes sobre las irregularidades cometidas en la caja en lo relativo a la concesión de créditos a constructores, la venta de preferentes o la asignación de pensiones vitalicias para los que fueran directivos de la entidad.

En la actualidad la CAM es propiedad del Banco Sabadell, que la compró por el precio simbólico de un euro. Justo antes de la intervención de la caja sus gestores declararon beneficios de casi 39 millones de euros, cuando el agujero patrimonial superaba los 1.100 millones.