Las preguntas formuladas por los grupos tendrán que ser calificadas por la Mesa y después evaluadas por la Junta de Portavoces, todo ello este martes, para ser incluidas en el orden del día del Pleno de la semana siguiente.

El martes de la semana pasada se aprobó el cupo de preguntas que corresponde a cada grupo en esas sesiones de control. Serán 26, de las cuales ocho corresponderán al PP, seis al PSOE, cinco a Podemos-En Comú Podem-En Marea, tres a Ciudadanos, y una a cada uno de los demás grupos (ERC, DiL, PNV y Mixto).

Sobre ese cupo, los grupos han registrado sus preguntas y las que sean admitidas serán incluidas en ese orden del día. Después, el Gobierno tendrá que decir si se somete a ese control, y previsiblemente la respuesta será negativa.

El miércoles de la pasada semana el Pleno del Congreso aprobó el conflicto de atribuciones por esa negativa, y la Cámara ya ha comunicado ese hecho al Gobierno, que tiene un mes para responder formalmente si mantiene o rectifica su posición.

Según confirmaron a Servimedia fuentes parlamentarias, el Congreso envió esa comunicación al Gobierno el jueves, solo un día después de la votación. Según el artículo 73 de la Ley del Tribunal Constitucional, a partir de la recepción del texto, el Gobierno tiene un mes de plazo para "rectificar en el sentido que le hubiera sido solicitado" antes de que el órgano que estime "indebidamente asumidas sus atribuciones", en este caso el Congreso, plantee de forma efectiva el conflicto ante el Tribunal Constitucional.

El Gobierno tiene, por tanto, hasta el 7 de mayo para formular las alegaciones que estime oportunas o para rectificar y, en este caso, someterse al control del Congreso de los Diputados antes de que la Cámara eleve ese recurso ante el Constitucional.

Fuentes gubernamentales aseguran que, en un principio, la intención del Ejecutivo es consumir ese plazo y así evitar que el texto de la Cámara Baja llegue al Tribunal Constitucional antes de la posible convocatoria electoral, que se consumaría el día 3 de mayo.