HRW apuntó que los bombardeos pudieron matar a 10 combatientes hutíes y causaron una “pérdida indiscriminada o previsiblemente desproporcionada” de vidas de civiles, lo que viola las leyes de la guerra. “Los ataques ilegales, cuando se llevan a cabo deliberadamente o por negligencia, son crímenes de guerra”, añadió.

Esta organización de derechos humanos investigó el lugar de los ataques el pasado 28 de marzo y encontró restos de una bomba GBU-31 guiada por satélite que consta de una bomba MK-84 de más de 900 kilos y de fabricación estadounidense, así como un kit de orientación vía satélite JDAM, también suministrado por Estados Unidos.

Además, un equipo de periodistas de la cadena británica de noticias ITV acudió a la zona dos días antes y encontró restos de una bomba MK-84 junto con un kit de guía por láser Paveway. HRW analizó las fotografías y las grabaciones de esos restos.

“Uno de los ataques más mortales contra civiles este año en la guerra de Yemen involucra armas suministradas por Estados Unidos, lo que ilustra trágicamente por qué los países deben dejar de vender armas a Arabia Saudí”, dijo Priyanka Motaparthy, investigadora de emergencias de Human Rights Watch, quien añadió: "Estados Unidos y otros aliados de la coalición deben enviar un mensaje claro a Arabia Saudí de que no quieren participar en homicidios ilegítimos de civiles."

Human Rights Watch ha pedido a Estados Unidos, Reino Unido, Francia y otros países que suspendan todas las ventas de armas a Arabia Saudí hasta que restrinja sus ataques aéreos ilegales en Yemen, investigue a los autores de las supuestas violaciones y rinda cuentas a los responsables. “La venta de armas a Arabia Saudí puede hacer a estos países cómplices de violaciones”, advirtió.

CRÍMENES DE GUERRA

HRW, tras entrevistar a 23 testigos y a trabajadores de dos hospitales, indicó que dos bombas cayeron al mediodía del pasado 15 de marzo al mercado de Masbata, a unos 45 kilómetros de la frontera con Arabia Saudí. La primera de ellas aterrizó directamente frente a un complejo de tiendas y un restaurante, y la segunda golpeó al lado de un área cubierta cerca de la entrada al mercado.

Un equipo de la ONU visitó el lugar un día después del ataque y certificó que 97 civiles murieron por los bombardeos, entre ellos 25 niños, en tanto que otros 10 cuerpos fueron quemados, de manera que el número total de víctimas asciende a 107. Un residente en Mastaba contó a HRW que había perdido a 16 miembros de su familia. Una clínica apoyada por Médicos Sin Fronteras (MSF) recibió a 45 civiles heridos, de los cuales tres murieron.

Un testigo aseguró que vio los cadáveres de 10 combatientes hutíes, a los que conocía, pero HRW no pudo confirmar estas afirmaciones con otros testimonios. La única presencia militar hutí identificada por esta organización de derechos humanos fue un puesto de control situado a unos 250 metros al norte del mercado.

HRW recalcó que el derecho internacional humanitario prohíbe los ataques deliberados contra civiles en el contexto de los conflictos armados, así como los ataques indiscriminados que golpeen objetivos militares y civiles o bienes de carácter civil sin distinción. Los que no están dirigidos contra un objetivo miliar se consideran indiscriminados y un ataque es desproporcionado si la pérdida de vidas y propiedades civiles supera a la ganancia militar esperada.

Indicó que el hecho de que los hutíes utilizaran un edificio del mercado como cuartel no justifica los bombardeos de la coalición árabe porque deberían haberse tomado las precauciones necesarias para proteger a los civiles.

Además, señaló que las personas que cometen graves violaciones de las leyes de la guerra con intenciones criminales pueden ser procesadas por crímenes de guerra, y que todos los gobiernos que sean partes en un conflicto armado tienen la obligación de investigar los presuntos crímenes de guerra cometidos por miembros de sus fuerzas armadas.