El objetivo de esta propuesta es lograr la adaptación de las instalaciones a la normativa actual y conseguir a la vez una mejora de la eficiencia energética, mayor seguridad y niveles más bajos de emisiones de efecto invernadero.

Así, CiU pide que se establezca una disposición legal que obligue a la adecuación de las instalaciones cuando la vivienda se venda o se alquile.

Además, contempla la creación de un fondo económico gestionado por las comunidades autónomas para sufragar la inspección de las instalaciones y la realización de las modificaciones necesarias para adecuarlas a la legislación vigente.

Convergència indica en su exposición de motivos que algunos estudios estiman que de acutalizarse las instalaciones de todas las viviendas de más de 15 años se ahorrarían tres millondes de toneladas métricas de CO2 al año, la misma cantidad de emisiones de 1,1 millones de automóviles en 12 meses.