La propuesta fue impulsada de forma conjunta por el Gobierno municipal, los grupos socialista y de Izquierda Unida CM-Los Verdes y Ahora Madrid, y se acoge al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, que impide la presencia de insignias, menciones o placas conmemorativas de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la dictadura en administraciones públicas.

Además, desde el Ayuntamiento indicaron que se debe “aplicar la jurisprudencia generada al respecto por parte de los juzgados y tribunales” y dar cumplimiento a los “diferentes informes y resoluciones aprobados por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas”.

El consistorio dirigido por Sara Hernández afirma que es su obligación “acogerse a una reivindicación histórica que vienen reclamando una gran parte de los vecinos”.