Estos fueron algunos de los datos desvelados tras la firma en Madrid del convenio de colaboración entre los secretarios de Estado de Seguridad, Francisco Martínez; Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, y Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, con el presidente de la Fundación QSDGlobal, Francisco Lobatón.

Francisco Martínez subrayó que la Policía y la Guardia Civil “nunca tiran la toalla” y siguen investigando “con el mismo ímpetu” en los casos de desapariciones de personas y que revisan los casos abiertos gracias a un sistema de alertas periódicas. Asimismo, dijo que la base de datos común de desaparecidos y restos humanos sin identificar a la que acceden los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad son “una pieza clave” para esclarecer esos casos, como también lo es, en su opinión, el sistema de alerta de menores desaparecidos. No obstante, apuntó a la cooperación policial internacional y a la implicación público-privada como líneas en las que seguir trabajando para desarrollar una mejor política preventiva y operativa de desapariciones.

Por su parte, la secretaria de Estado de Justicia señaló que las instituciones tienen “el deber y responsabilidad de llevar a cabo todas las gestiones y que se pongan todos los medios” para ayudar a las familias de las personas desaparecidas y que, en el ámbito europeo, aún queda “mucho trabajo por hacer para conciliar las normativas de 28 Estados” y así complementar la petición que hizo la UE en 2008 de desarrollar mecanismos nacionales y transfronterizos de alerta de desaparición de menores.

Sánchez-Cortés resumió el convenio como un “compromiso transversal y de Gobierno para llegar antes” y que será fundamental acudir a la labor que realizan las oficinas de apoyo a las víctimas de delitos, que atienden al año a más de 12.000 personas. Asimismo, subrayó el incremento de las desapariciones de menores en situaciones de adopciones internacionales y recordó que en Europa hay 250.000 menores desaparecidos.

COLECTIVOS MÁS VULNERABLES

La secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, enfocó los cometidos de su ministerio en este contexto a proteger a los colectivos más vulnerables, como son los niños, los adolescentes y las personas mayores.

Según dijo, el acuerdo es "el primer paso" de un apoyo institucional “que vaya más allá”, con la formación de equipos multidisciplinares, instruyendo a profesionales y apoyando a las personas en riesgo.

El acuerdo, según insistieron, sigue las recomendaciones que hizo una comisión que trabajó durante seis meses en el Senado.

Lobatón destacó que el convenio firmado supone “la llave” para poder plantear a los distintos ministerios “propuestas concretas”, como reivindicaron las familias afectadas en un encuentro europeo celebrado en noviembre en Jaén, en el que dijeron haberse sentido “desatendidas, humilladas, perplejas, solas, desprotegidas, decepcionadas, maltratadas y, en ocasiones, víctimas” ante la denuncia de la desaparición de un ser querido.

Además, los afectados mostraron su descontento ante la “descoordinación y falta de sensibilidad en el trato” y las “carencias” en recursos humanos y técnicos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.