Según informó la Delegación en el País Vasco, Urquijo, en su misiva, da cuenta al Ministerio Público del anuncio del concierto, al tiempo que pide que se adopten “las medidas oportunas para evitar su desarrollo en atención a la situación de ilegalidad del grupo convocante”.

A este respecto, el delegado sostiene que “ninguna ciudad puede acoger un concierto pro amnistía de la mano de un condenado por enaltecimiento del terrorismo”, en referencia a Hasel.

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Este cantante, llamado exactamente Pau Rivadulla, ha visto como recientemente el Tribunal Supremo ha ratificado la condena de dos años de prisión que le fue impuesta por la Audiencia Nacional por incitar al odio y por ensalzar a terroristas de ETA, Grapo y otros grupos criminales.

Al mismo tiempo, Urquijo sostiene, en referencia a Gestoras pro Amnistía, que “asociaciones ilegalizadas por pertenecer a la estructura de una banda terrorista no tienen capacidad para organizar absolutamente nada y menos aun cuando pretenden realizar conciertos invitando a personas que han sido condenadas por enaltecimiento del terrorismo”, en referencia a Hasel.

Además, el delegado se refiere al hecho de que “hace un par de semanas, curiosamente a instancias de la denuncia y la presión de quienes defienden la amnistía para los terroristas, se suspendió en el Teatro Campos Elíseos (de Bilbao) la representación de una obra que se consideraba denigrante para las mujeres”. Según el representante del Gobierno en el País Vasco, lo mismo debería suceder con un concierto que exalta a los terroristas.