La propuesta ha sido impulsada por José Cuns, quien argumenta que “el coste de convocar unas nuevas elecciones sería de 170 millones de euros como mínimo”. Algo que contrasta, según denuncia, con que el “35,4% de niños y niñas está en riesgo de pobreza o exclusión social.

Además, reitera que “sería un fracaso rotundo y una manifestación de incompetencia que el 26 de junio tuviéramos que volver a las urnas”. A los políticos “se les ha votado y se les paga para ponerse de acuerdo y resolver problemas”, continúa.

REFORMA CONSTITUCIONAL

Este ciudadano gallego, que ha trabajado con personas dependientes y dice conocer sus problemas, también demanda promover una reforma constitucional que convierta los derechos sociales y económicos en derechos fundamentales, además de elaborar una ley de garantía de los derechos sociales y alcanzar un pacto contra la pobreza y por la cooperación al desarrollo.

El propulsor de la petición concluye que “en España hay 1.180.435 de personas en situación de dependencia reconocida”. De todas ellas, “un tercio no recibe ninguna prestación” incluso cuando tienen “pleno derecho a las mismas” y “125.000 han muerto en los últimos cuatro años sin percibir ninguna ayuda”.