El director de la Asesoría Jurídica de Profesionales por la Ética, José Luis Bazán, declaró a Servimedia que la demanda la suscribirán 305 objetores, de ellos 197 padres, en relación a 108 niños.

Bazán señaló que los casos proceden de Castilla y León (42), Comunidad de Madrid (20), Andalucía (19), Comunidad Valenciana (18), Castilla-La Mancha y Navarra (4) y Murcia (1).

Además, subrayó que se trata de niños de 10 a 16 años, con mayoría de casos de menores de 10 años (34) y 13 y 15 años (20 cada uno).

Bazán indicó que la demanda pretende pedir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que adopte medidas provisionales que obliguen al Estado español a no forzar la entrada de los niños en clase de EpC.

Además, solicita que el tribunal reconozca que en estos casos se han vulnerado derechos fundamentales de los padres y de los hijos, como la libertad ideológica y educativa, discriminación y derecho a la intimidad personal y familiar, que están, según añadió, tutelados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

La demanda lleva aparejada la petición de una compensación por los daños morales causados a estos niños por cursar Educación para la Ciudadanía, y pide al Tribunal Europeo de Estrasburgo que requiera al Estado español para que respete la neutralidad ideológica en el sistema educativo.

Según Bazán, el Gobierno español viola las recomendaciones del Consejo de Europa en materia de derechos fundamentales con la asignatura de EpC, por lo que las familias españolas se han visto obligadas a acudir al Tribunal de Derechos Humanos.

Por último, Bazán criticó la falta de sensibilidad del Tribunal Supremo, que acordó en enero del año pasado que no se puede objetar a Educación para la Ciudadanía.

"Debe anteponerse la defensa de los derechos fundamentales de las personas a los intereses de Estado o de la ideología que sustenta un gobierno no respetuoso con la libertad ideológica de sus ciudadanos", concluyó.