En un comunicado, el Acnur explica que la no admisión de esta circunstancia puede derivar en la devolución a su país de origen de una mujer embarazada que podría “necesitar protección internacional”, pese a los informes positivos de distintas instituciones.

“Si bien no todas las víctimas de trata reúnen los requisitos para ser reconocidas como refugiadas, hay casos en los que la persona está en necesidad de protección internacional y deba recibir este estatuto”, apuntaron desde el Acnur.

De hecho, el Alto Comisionado ya recomendó un estudio en profundidad de este caso en el marco de la Convención de Ginebra de 1951 y de la nueva Ley de Asilo -que entró en vigor el 20 de noviembre 2009-, y que refleja expresamente cuestiones relativas a la persecución por razones de género y colectivos vulnerables como víctimas de trata.

A su juicio, “los avances positivos alcanzados en el contexto legislativo español para la lucha contra la trata de seres humanos y la protección de las víctimas no se están aplicando adecuadamente en el caso de esta persona, pese a la actuación y recomendaciones de entidades como el Defensor del Pueblo y organizaciones especializadas en la materia como Proyecto Esperanza o Women’s Link.