Facua recordó, en un comunicado, que desde 2009 ha pedido a los sucesivos gobiernos nacionales que “adoptaran medidas”. Sin embargo, durante las tres legislaturas en las que se ha cometido el "fraude", el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, competente en las políticas de consumo, “se ha desatendido del asunto”.

La organización calificó de “escandalosa” la actuación de las autoridades autonómicas y de ámbito nacional, que “eludieron actuar ante las denuncias, derivándolas al Banco de España o a otras comunidades".

En este sentido, recordó la existencia de leyes autonómicas de protección de los consumidores que facultan a las comunidades a imponer multas que pueden llegar a alcanzar entre una y diez veces, según la comunidad, los beneficios obtenidos como consecuencia de un fraude.

Sin embargo, Facua señaló que estas leyes “nunca” se han aplicado contra los fraudes masivos en las últimas tres décadas. “Las multas, en el reducido porcentaje de casos que se aplican, representan cantidades insignificantes en relación a las irregularidades cometidas”, advirtió.