Este dato revela el alto índice de conflictividad que existe entre las administraciones central y autonómicas en el ámbito de la legislación y las competencias ambientales.

Cristina Alvarez, que participó en las jornadas que hoy celebró el IPAE en Madrid bajo el título "XX años de política ambiental europea", señaló que la dispersión de competencias en materia de medio ambiente y la falta de coordinación ente administraciones provoca que penas exista cooperación entre la Administración central y las comunidades en este ámbito.

Asimismo, Alvarez destacó el elevado número de procedimientos de infracción abiertos contra España en la UE, que se elevan a 33, a causa de una incorporación inadecuada de la legislación europea sobre medio ambiente, por no aplicarla correctamente o por no comunicar las medidas correctoras necesarias.

La directora del IPAE indicó que a estas deficiencias hay que añadir que en muchos casos España incumple lo plazos que marca la UE para trasponer directivas comunitarias relacionadas con la protección del medio ambiente.

Además, los programas nacionales aprobados para promover la conservación de los recursos naturales no han sido en muchas ocasiones desarrollados adecuadamente ni sometidos a un seguimiento pormenorizados para conocer el grado de cumplimiento, y puso como ejemplo el Estrategia Nacional para la Biodiversidad, que todavía no se ha puesto en marcha.

A juicio de Cristina Alvarez, para corrgir estos desajustes en la aplicación y desarrollo de la normativa medioambiental es necesario aplicar las leyes existentes, cuidar más la redacción de las normas y realizar un seguimiento de su eficacia.

También destacó la importancia del Consejo Asesor de Medio Ambiente y la Conferencia Sectorial para incrementar el grado de coordinación entre administraciones y con los agentes sociales.

A los problemas que genera esta situación Alvarez añadió los recursos, todavía insuficientes, que se dedicana proyectos medioambientales, ya que España destina un 0,73 por ciento del Producto Interior Bruto a inversiones de este tipo, porcentaje inferior a la media de la UE.