“No existiendo riesgo de reiteración delictiva, ni de ocultación de pruebas, así como tampoco riesgo de fuga, (…) procede la revisión de la resolución acordada debiéndose decretar la libertad provisional del imputado”, establece la magistrada en los fundamentos jurídicos de la resolución.

Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la magistrada acuerda en dicho auto, como medida de control, la obligación de que el investigado comparezca en sede judicial los días 1 y 15 de cada mes.

Al margen de la variación de la situación procesal del interesado, la instrucción continúa su curso y se siguen practicando diligencias con total normalidad.

Cristóbal L., a quien se le atribuye un delito de estafa, tiene bloqueadas sus cuentas bancarias por orden judicial y sus sociedades mercantiles están intervenidas judicialmente y gestionadas por dos administradores nombrados por el juzgado.